Según ha indicado el cuñado del accidentado, Mario Azogue, los médicos «no pudieron hacer nada» por conseguir que Franns no perdiera la extremidad, ya que el brazo fue encontrado tiempo después dentro de un contenedor, «en un par de bolsas de plástico» que contenían también restos de masa de pan.
Franns ha relatado que, cuando la máquina le pilló el brazo, el pasado 28 de mayo, fue él mismo quien consiguió «pararla» para evitar que le cogiera más parte del cuerpo. Según ha afirmado, su jefe le comentó que cuando le preguntaran en urgencias qué le había pasado, debía decir que «había sido un accidente y nada más».
Su cuñado ha comentado que «muchos» de los trabajadores de esa empresa, ubicada en la localidad de Real de Gandia, en la comarca de La Safor, están «en situación ilegal» al igual que Franns, que trabajaba de once de la noche a once de la mañana y que cobraba por jornada 23 euros, lo que suponía un sueldo de 690 euros al mes.
La hermana del accidentado, Silvia Melgar, ha mostrado su gratitud a los servicios médicos, y ha manifestado que «espera que todo salga bien». Al mismo tiempo, ha pedido ayuda «a personas y sindicatos», para que este caso no se quede «así» y lo sucedido a su hermano pueda «tener consecuencias». Por su parte, los responsables de la empresa en la que trabajaba Franns han reconocido que el joven no tenía contrato pero han sostenido que sí le prestaron la ayuda necesaria cuando sufrió el accidente.
El fiscal pide informes
La Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido con el trabajador inmigrante que perdió el brazo izquierdo con una máquina de amasar en una panificadora del polígono Real de Gandia (Valencia).
Según fuentes próximas a la investigación, el fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, ha requerido al fiscal de Gandia que oficie a la Guardia Civil y a la Inspección informes «en la mayor brevedad posible», para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.
Con los informes, la Fiscalía decidirá que actuaciones adoptará para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades, indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que por este caso se ha interesado también el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido un seguimento puntual por parte del ministerio público.
Detnidos los dos jefes del horno
La Guardia Civil ya detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven de que uno de los jefes le abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que «debe recaer todo el peso de la ley» sobre el empresario de la provincia de Valencia. Corbacho ha comentado que en época de crisis muchas personas «aceptan cualquier puesto de trabajo y alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico» sin respetar derechos de los trabajadores. Por ello, ha proseguido, se ha incrementado en lo que va de año un 30 por ciento la labor de la Inspección de Trabajo contra «la economía irregular».