En su sentencia, el Tribunal anuló parcialmente la decisión de la Comisión en lo relativo al cultivo de cáñamo y desestimó el resto del recurso español en lo que se refiere al lino.
El Tribunal no detalló la proporción de la multa que quedó anulada, pero indicó que figura dentro de una parte de la sanción, de 21 millones, por fallos en el control del cultivo de lino y cáñamo, lo que supone que la mayor parte de la polémica multa quedó confirmada.
Los 113,39 millones restantes de la multa, que el Tribunal confirmó, fueron impuestos por una «situación de fraude generalizado».
Por otro lado, el Tribunal desestimó el recurso en relación a otra penalización a España de 348.947 euros por deficiencias en los controles a las subvenciones al plátano.
Los jueces comunitarios desestimaron las alegaciones formuladas por España contra la sanción en el lino y confirmaron la existencia de «prácticas abusivas».
El Tribunal también rechazó los argumentos de las autoridades españolas según los cuales la CE no había demostrado el perjuicio ocasionado al presupuesto comunitario.
En el único punto en el que da la razón a España es en los argumentos sobre los «vicios de forma» y la falta de menciones al cáñamo durante las reuniones en las que la CE abordó con el Gobierno español los problemas por el lino.
El Tribunal recalcó la «inactividad» de las autoridades Españolas, ante el cultivo de lino textil sólo para cobrar las primas y que después no se comercializó.
Apelaciones
Contra la sentencia de este miércoles, España puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, en un plazo de dos meses.
El dictamen del Tribunal de Primera Instancia es un nuevo episodio, años después, del caso del cobro de subvenciones al lino en España por los llamados «caza primas», que se destapó en 1999.
Aunque fue ese año cuando el escándalo alcanzó una gran repercusión y varias dimisiones en el Ministerio de Agricultura, su impacto mediático y político se prolongó años después.
Sin embargo, en abril del 2007, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados por el supuesto fraude en las ayudas, al estimar que no existió delito y que la actuación de los procesados fue correcta.