En este sentido Sebastián insistió en que el Gobierno tendrá un margen de cuatro años para ofrecer una «buena alternativa industrial» para garantizar el empleo de los trabajadores y «revitalizar la región».
Corbacho aseguró que «desde este mismo momento» se empezaba a trabajar con las administraciones locales al igual que con la junta de Castilla y León para generar la «actividad económica» de la zona y ayudar a los que a partir del 2013 no tengan trabajo.
Corbacho avanzó que elevará este viernes al Consejo de Ministros, junto a Industria, un informe para impulsar un plan de actuación territorial como alternativa económica a la central nuclear, que tendrá como objetivo fundamental crear tantos puestos de trabajo como los existentes o incluso incrementarlos.
El ministro aseguró que habrá ayudas económicas hasta el 2013 para los que quieran establecerse en la comarca, y desveló una mejora de la red viaria y que se invertirán «en torno a los 100 millones de euros en los próximos cuatro años» como señal de la apuesta económica del Gobierno en la zona.
A modo de avance, el ministro concretó los «cinco ejes» que debería seguir este proyecto alternativo: la reindustrialización de la zona, una mejora de las infraestructuras que ayude a aumentar la movilidad y la competitividad del entorno, un impulso del turismo en la zona, un plan social de orientación y formación de la plantilla de Garoña y la compensación económica a aquellos ayuntamientos que pudieran ver mermados sus ingresos.
Corbacho recordó que la UE permite ayudas directas a fondo perdido para la inversión de nuevas actividades económicas en la zona y adelantó que cualquier actividad económica tendrá una subvención de hasta el 50% de la inversión. «Debemos aprovechar esta situación que nos brinda y permite esa actividad», dijo por último el ministro refiriéndose al panorama económico de la región hasta el 2013.
Sebastian
Por su parte, el ministro de Industria insistió en que el objetivo más inmediato del Gobierno son los empleos directos y que para ello hay que trabajar en un plan energético.
Sebastián, que reconoció la dificultad de la decisión de cerrar la planta burgalesa en 2013, aseguró que es «técnicamente justificable, políticamente coherente, laboralmente responsable y energéticamente asumible».
Asimismo indicó que la orden ministerial de este «Plan Garoña», «no contempla» un escenario «reversible», ante un cambio de gobierno en las próximas elecciones de 2012. «En la propia orden se contemplan los pasos que tiene que dar la empresa para el cese de actividad, así como en materia de inversiones», añadió el ministro.
Con esta decisión, la autorización para operar se extenderá durante los próximos cuatro años frente a los diez que solicitaban los titulares de Garoña y a los que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno.
De este modo, se convertirá en la primera central nuclear que opera más de 40 años en España.
Foro Nuclear
María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, aseveró que el anuncio del cierre de esta central nuclear supone «una decisión irresponsable con la sociedad».
Según ella, no existe argumento alguno para que España llegue a distintas conclusiones que el resto del mundo sobre la necesidad de la energía nuclear en el sistema eléctrico.
«Cerrar una instalación segura, mandar a sus empleados al paro, deteriorar la competitividad de la industria, empeorar la economía española e incrementar la factura de la luz, entre otras consecuencias, demuestra una grave falta de responsabilidad», dijo el foro en un comunicado tras el anuncio del cierre en el 2013.
Para Domínguez, la decisión adoptada por el Gobierno se basa únicamente en criterios ideológicos, desoyendo las recomendaciones del CSN y sin tener en cuenta las necesidades energéticas del país, algo que calificó de «grave error», y aseguró que la industria nuclear espera que sea algo aislado, puntual y con posibilidad de ser enmendado en el futuro ya que «anteponer una promesa electoral a las necesidades de un país solo puede ser clasificado como una frivolidad política, que no merece la sociedad española».
Ecologistas
Los ecologistas, por su parte, anunciaron que recurrirán cualquier decisión que no sea la del cierre inmediato de la central. Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares también llevará a los tribunales el anuncio del Ejecutivo y pedirá el resarcimiento del perjuicio económico causado.
Recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear
El Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe el pasado 5 de junio en el que se mostraba favorable a una renovación «con condiciones» del permiso de explotación de la central de Garoña por diez años más.
En un informe posterior aprobado por el pleno de este organismo, el 24 de junio, exigía a la instalación una serie de reformas que tenía que acometer en tres escenarios: una renovación de la operatividad de la planta por dos años más; otra por cuatro años más; y otra por seis.
Las recomendaciones del CSN exigían a Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, que introduzca modificaciones de diseño para reforzar la seguridad y cumplir la normativa más moderna.
La planta de Garoña, la más antigua de España, está en funcionamiento desde 1970 y tenía autorización para funcionar hasta el próximo sábado 5 de julio, plazo que ahora se ve extendido.
Garoña emplea a 350 trabajadores de Nuclenor y a otros 450 de empresas contratistas, además de los empleos indirectos que genera, según datos del comité de empresa.