Lejos de rectificar sus palabras, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dicho este miércoles que aceptar anchoas como regalo por parte del presidente del Gobierno encaja en el artículo 426 del Código Penal, en el que se basa la imputación a Camps, por lo que ha instado a aplicarlo «con el mismo rasero a todos».
Barberá ha hecho estas declaraciones tras inaugurar el proyecto «Seducción Ambiental» para promover el Parque Natura de L’Albufera, y ha dicho que quienes critiquen esta comparación es que «no se han leído el artículo».
De la Vega ha recalcado que a un responsable político se le debe exigir que sus declaraciones «mantengan por lo menos el respeto y el decoro» y ha añadido que las que realizaron los dos dirigentes del PP, que «son representantes de todos los valencianos», ponen de manifiesto «una falta de respeto a los ciudadanos».
Fernández de la Vega ha asegurado que, con esas declaraciones, Barberá «traspasó, una vez más, los límites de la corrección» al «atacar, incluso, las relaciones con otras administraciones», lo que ha considerado «un acto, claramente, de deslealtad institucional».
La vicepresidenta ha criticado la estrategia del PP en relación con el ‘caso Gürtel’ que, a su juicio, comenzó por «desautorizar a la justicia», y pasó por «utilizar» la «técnica del ventilador» para «intentar emborronarlo todo» y «exigir a los demás lo que son incapaces exigir en su propia casa».
«Ahora han impuesto una especie de manto de silencio», ha continuado Fernández de la Vega quien ha agregado que «querer minimizar un hecho tan serio no parece razonable» porque «estamos hablando de servidores públicos» y «ni un traje, ni medio traje. La ética y la estética no son cuantificables» ni «se miden en términos cuantitativos».
Cierre de Garoña
Respecto al cierre de la central nuclear de Garoña, María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que habrá actuaciones desde la actualidad hasta el 2013 en el camino del cierre definitivo de la central porque es una decisión «irreversible». De la Vega subrayó que, por tanto, no sería «en absoluto razonable» que un Gobierno posterior diera marcha atrás a esta decisión. «Tendría que explicar por qué da marcha atrás a una decisión que ya está en marcha», dijo.
En este sentido, insistió en que en la propia orden ministerial que decreta el cierre se toman medidas que han desarrollarse en los próximos cuatro años de cara al cierre de la instalación, como por ejemplo, la imposibilidad de hacer más inversiones de las requeridas o más acopio de energía.
«Se va a exigir a la empresa que en diciembre del 2011 presente el plan concreto de cierre -añadió-. Hay actos que de aquí al 2013 van en el camino de lo que se decide, que es el cierre definitivo», subrayó.
Avanzar en el diálogo social
De la Vega dijo también que el Gobierno hará todo «lo que está en sus manos» para avanzar en el diálogo social, pero subrayó que es necesario respetar la autonomía de los agentes sociales.
La vicepresidenta insistió en que el Gobierno trabajará para que «sea así», porque ese es el modelo del Ejecutivo, «frente a otros que apuestan por un modelo en el que prefieren el decretazo», en referencia a las declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, que urgió al Gobierno a acometer una reforma laboral.
La vicepresidenta se mostró convencida de que los agentes sociales llegarán a acuerdos en el diálogo social «antes del verano» porque considera que siempre «hay margen para avanzar».