También esta mañana, Montilla ha despachado en el Palau de la Generalitat con el conseller Castells y ha mantenido contactos telefónicos con sus socios del Govern. El tripartito catalán, que ve muy próximo el acuerdo definitivo, está a la espera de poder analizar el documento oficial del Ministerio de Economía sobre el nuevo modelo de financiación, según fuentes del propio tripartito, para certificar si ya se puede dar por hecho el pacto, tras constatar avances en la cifra y en el sistema.
Los máximos dirigentes de ERC están reunidos desde el mediodía en el Palau de la Generalitat con el conseller Castells para analizar los avances logrados en la negociación y decidir si finalmente hay pacto o aún no.
En la reunión están, por parte republicana, el líder del partido, Joan Puigcercós, el secretario general de ERC, Joan Ridao, y el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira. El presidente catalán, José Montilla, no llegará al Palau hasta pasadas las dos de la tarde, puesto que está en un acto con los Príncipes de Asturias en Talarn (Lleida).
3.000 millones de euros para Cataluña
El pacto fue posible ya que la Generalitat logró consolidar la cantidad de ingresos adicionales de más de 3.000 millones, a cambio de aceptar una aplicación progresiva del modelo, que va más allá de 2011, el tope que establece el Estatut.
El acuerdo llega después de que, durante el día de ayer, el propio Castells dijera que el pacto podía estar cerca y que admitiera por vez primera que había «condiciones» para poder alcanzar un acuerdo con el Gobierno español, si bien aún quedaban escollos por resolver, entre ellos el respeto al principio de ordinalidad que recoge el Estatut.
Castells aseguró ayer: «Estamos en condiciones de llegar a un acuerdo, algo que hace unas semanas nos hubiera parecido difícilmente asumible», aunque añadió que aún faltaban aspectos importantes para cubrir, que han sido resueltos.
Último plazo
Con el preacuerdo alcanzado, se cumpliría así con el último plazo que dio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que habría acuerdo antes del 15 de julio, cuando se convocaría el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que participan todas las comunidades de régimen común. Este fue el compromiso que lanzó en el Debate sobre el Estado de la Nación el pasado mayo.
El preacuerdo llega once meses después del 9 de agosto de 2008, la fecha tope en la que, según el Estatut, tenía que haberse producido. Pese a estos retrasos, el Estado ha dejado claro en continuas ocasiones que el acuerdo se aplicaría con fecha al 1 de enero de 2009, la fecha en la que según el Estatut, tenía que entrar en vigor el nuevo modelo.
El propio conseller Castells admitió ayer la posibilidad de que el acuerdo pueda entrar totalmente en vigor más allá de 2011, el tope que establece el Estatut en cuanto a gradualidad. «Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es el resultado final, y no pasa nada si es con un cierto gradualismo», admitió.
Plazos
En la negociación del acuerdo, el Estado ha incumplido reiteradamente los plazos fijados. Primero, se habló de que se cerraría a mediados de noviembre -tras un pacto que alcanzaron la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega y el presidente de ICV y conseller Joan Saura-.
Después, se habló de fin de año, pero el acuerdo no se produjo, ya que la Generalitat juzgaba insuficiente la propuesta que presentó el 30 de diciembre el ex ministro de Economía, Pedro Solbes. Luego se habló de que se cerraría el acuerdo en enero, antes de las elecciones vascas y gallegas -la precampaña empezaba a mediados de febrero-, luego después de los comicios -que se celebraron el 1 de marzo-, y finalmente, antes de la campaña de las elecciones europeas, que empezó el 21 de abril.