Según Facua, «cientos de miles» de clientes que tenían contratado su suministro con distribuidoras independientes han sido traspasados «unilateralmente» a compañías que operan en el mercado libre, a pesar de que tienen derecho a acogerse a la única tarifa que desde el pasado 1 de julio fija el Gobierno (conocida como TUR) por contar con potencias instaladas inferiores a los 10 kilovatios (kW)
Actualmente, sólo están autorizadas a suministrar electricidad a tarifa cinco compañías, denominadas «comercializadoras de último recurso» (CUR) y que pertenecen a los grandes grupos que operan en España (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y E.ON).
Para poder acogerse a tarifa, lo usuarios deben contratar el suministro con una CUR, que, a su vez, habrían rechazado a los clientes de distribuidoras independientes, a pesar de que la ley les obliga a aceptarlos, según la misma fuente.
Facua considera que los acuerdos «negociados» por pequeñas distribuidoras con las grandes comercializadoras de mercado libre para cederles sus clientes, así como el traspaso de usuarios a comercializadoras creadas por las pequeñas distribuidoras, pueden «vulnerar» la Ley de Defensa de la Competencia.
La asociación estima que se ha producido un «reparto de mercado» que puede ser contrario a la competencia y a las reglas establecidas en la normativa eléctrica y que podría causar perjuicios a los usuarios y a potenciales competidores «que han sido colocados en situación desventajosa».
Sánchez apuntó que estudian denunciar ante Bruselas al Ministerio de Industria por permitir esta situación, que sería contraria a la directivas europeas en materia eléctrica que establecen que ningún consumidor puede ser discriminado.