El organismo supervisor ha decidido actualizar y adaptar el sistema a la situación de crisis de forma que, a partir de ahora, el llamado «valor residual» de la vivienda que tendrán en cuenta las entidades a la hora de provisionar será como mínimo del 70% de su valor inicial.
Sin embargo, el nivel de exigencia se ha relajado sólo en los préstamos hipotecarios con garantía real efectiva, es decir, que son viviendas terminadas, y que tienen una relación préstamo-valor superior al 80% del valor de tasación de la vivienda hipotecada.
El hecho de que la nueva medida sólo afecte a estas hipotecas hace, según los expertos, que el impacto sea «prácticamente nulo», ya que el peso de estos créditos en las carteras de las entidades «no es demasiado grande», aseguran.
Además, el organismo supervisor ha decidido compensar la relajación en estos créditos con la revisión al alza en las provisiones de los créditos al consumo, lo que «definitivamente neutraliza cualquier efecto» de los cambios.
En este sentido, las mismas fuentes advierten de que las entidades que hayan apostado con más fuerza por este segmento estarán «claramente peor posicionadas».
Asimismo, las fuentes del sector consultadas insisten en que para aliviar la situación de las entidades y estimular la concesión de créditos se necesita una mayor flexibilización del sistema de provisiones.