Pajín, que ha participado en el curso de verano de El Escorial sobre «La Alianza de Civilizaciones y los medios de comunicación», ha señalado que «el dictamen y la opinión» del CGPJ «siempre hay que tenerlo en cuenta», pero ha querido aclarar que no es vinculante, ante la posibilidad de que emita una resolución que no sea favorable al proyecto de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que propone el Gobierno.
Según su análisis, la función del Ejecutivo «es legislar en función de sus compromisos con los ciudadanos y en función de sus convicciones». «Y el compromiso electoral socialista y la convicción del Gobierno es que este país», ha añadido, avance en una ley que ponga el acento en la educación sexual y en la prevención de los embarazos no deseados, y que asegure que ninguna mujer tenga que pagar penalmente cuando decida no ser madre.
También ha recordado que se trata de un proyecto que ha sido «ampliamente debatido» y en el que se ha escuchado a expertos de todo tipo, a otros países europeos, a todo tipo de instituciones, incluido el CGPJ.