Anticipar los comicios generales «violentaría» artículos de la Constitución que prohíben tomar medidas que limiten la participación de los hondureños en la vida política, establece la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundida el miércoles por el diario local La Tribuna. Entre esas consecuencias restrictivas menciona adelantar el cierre del período de extensión de la cédula de identidad, lo que dejaría sin derecho al sufragio a miles de jóvenes que cumplirán los 18 años, edad apta para votar, antes del 29 de noviembre, fecha de las elecciones.
El organismo electoral aclara que la decisión sobre un eventual cambio de fecha electoral corresponde al Congreso Nacional, aunque éste debe tener en cuenta su opinión. El TSE menciona en su resolución otras implicaciones administrativas, financieras, legislativas y políticas que tendría el adelanto de los comicios, en los que se elegirá al presidente, los diputados y los alcaldes para el período 2010-2014.
Sobre otra propuesta de Arias, que las Fuerzas Armadas pasen a las órdenes del TSE un mes antes de la votación, esta entidad recuerda que es el mismo plazo establecido en la legislación hondureña, la cual extiende esta medida hasta la fecha en que se emite la declaración oficial de resultados. Durante ese tiempo las Fuerzas Armadas custodian, transportan y vigilan los materiales electorales, entre otras actividades encaminadas a garantizar las elecciones.
El TSE agrega que está «en la mejor disposición» de «invitar y recibir las misiones internacionales de observación» que deseen verificar el proceso electoral «desde ahora y hasta la entrega de credenciales» a los candidatos electos. El TSE envió su resolución el martes al Ministerio de Gobernación (Interior), a través del cual el presidente interino, Roberto Micheletti, le remitió el Acuerdo de San José, propuesto hace una semana por Arias, para que emitiera su opinión.
El Acuerdo de San José
Diversos sectores políticos rechazan adelantar las elecciones porque, entre otras razones, no cambiaría la fecha de la toma de posesión del nuevo presidente, el 27 de enero próximo, fijada en un artículo de la Constitución. El TSE convocó las elecciones el 28 de mayo pasado, un mes antes del derrocamiento de Zelaya por parte de los militares.
El Acuerdo de San José fue enviado por Micheletti al Parlamento, al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público para que emitieran sus opiniones sobre otros aspectos del plan de Arias, como una amnistía de delitos políticos y la constitución de una comisión de la verdad y verificación internacional.
El punto conflictivo es el regreso condicionado de Zelaya al poder tras su derrocamiento por militares el 28 de junio y la designación en su lugar de Micheletti por el Parlamento. El presidente depuesto dio por fracasado el diálogo y Micheletti, aunque insiste en oponerse a la restitución de Zelaya, dice que está dispuesto a continuar en el proceso de mediación.