La decisión inicial de mantener su carácter privado fue denunciada por los partidos de la oposición, algunos diputados de la izquierda laborista e incluso jefes militares, que argumentaron que no tenían nada que ocultar personalmente. En una carta enviada el mes pasado al jefe de Gobierno, Chilcot señaló que era esencial que la investigación tuviese lugar en público siempre que cuestiones que afectasen a la seguridad nacional no exigiesen lo contrario.
Los críticos sostienen que la investigación no será creíble si tiene lugar en secreto mientras que el Gobierno ha argumentado que los testigos deben poder hablar con toda libertad si se pretende que lo ocurrido sirva de lección.
El ex ministro de Asuntos Exteriores Jack Straw ha asegurado que prestará declaración en público y, según fuentes del número 10 de Downing Street, Gordon Brown procederá de igual forma siempre que sea posible desde el punto de vista de seguridad nacional.
El Gobierno se opuso a iniciar la investigación hasta que el grueso de los militares británicos enviados a Iraq saliesen del país, lo que ha ocurrido finalmente. En la actualidad sólo quedan allí unos 150 militares del Reino Unido encargados sobre todo de la formación de sus colegas iraquíes.
Falta de experiencia
La oposición conservadora y liberal-demócrata ha expresado mientras tanto su preocupación por el hecho de que en el panel encargado de dirigir la investigación no figure nadie con experiencia en asuntos militares o relacionados con los servicios de inteligencia. El panel que preside Chalcot está integrado además por dos historiadores, Martin Gilbert y Lawrence Freedman, así como un miembro de la Cámara de los Lores, la baronesa (Usha) Prashar.
Los resultados de la investigación no se espera que se hagan públicos hasta después de las elecciones generales, previstas para el próximo julio, algo que los partidos de oposición califican de inaceptable.