Según indicó la vicepresidente primera del Gobierno, este programa supone «una medida estraoridnaria, de duración limitada», con la que pretende «paliar los efectos de la crisis entre los que más la sufren».
El perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicios público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.
Los beneficiarios dispondrán de dos meses desde el momento que hayan agotado su prestación para solicitar la ayuda. La financiación de la prestación, estimada en 642 millones de euros, correrá a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras las Comunidades Autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo.
El programa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, tendrá una vigencia de seis meses y su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las Administraciones Públicas.
Asimismo, con el objeto de facilitar su incorporación al mercado laboral, el perceptor deberá participar en itinerarios de inserción, para mejorar sus capacidades y competencias profesionales.
Se podrán beneficiar de este programa los desempleados menores de 65 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo desde el 1 de agosto y los 180 días naturales siguientes a esa fecha y no tengan derecho al subsidio, siempre que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI, así como aquellos que hayan extinguido por agotamiento, incluidas las prórrogas, los subsidios por desempleo.
En ambos casos, las personas desempleadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo, suscribir el compromiso de actividad y comprometerse a realizar las actuaciones que determine el Servicio Público de Empleo correspondiente.
Fernández de la Vega afirmó que paliar los efectos de la crisis en las personas que más la sufren «ha sido y seguirá siendo uno de los objetivos del Gobierno».