La orden internacional pesa sobre los ministros de Defensa del anterior gobierno, Arístides Mejía, y de Finanzas, Rebeca Santos, y sobre la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rixi Moncada, declaró el jefe de Interpol en Honduras, Rommel Martínez.
La central de Interpol en Francia divulgó «la semana anterior» una «nota de difusión roja» sobre esas tres personas, dijo Martínez a la radio HRN, de Tegucigalpa. Un tribunal de justicia de la capital hondureña emitió la orden de captura nacional el 26 de julio pasado contra Mejía, Santos y Moncada, a los que se acusa de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
El Ministerio Público acusó a los tres tras la firma por Moncada de un contrato de alquiler de un edificio para la ENEE sin haberlo sometido a licitación pública, con el aval de Mejía y Santos, que eran miembros de una junta interventora de la entidad.
La «nota de difusión roja» se usa para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada, y se basa en una orden de detención o en una resolución judicial, según la Interpol.
En este caso, puntualizó Martínez, «ya se cuenta con todo el argumento jurídico para poder llevar a cabo la detención».
Sobre el propio Zelaya, Rebeca Santos, su ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el ex gerente de la empresa telefónica estatal Jacobo Lagos también pesan órdenes de captura local emitidas el 31 de julio por otro caso denunciado por el Ministerio Público.
Acusaciones
La Fiscalía acusó a Zelaya y a sus tres altos cargos de fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad en la aprobación de un decreto que no cumplía algunos requisitos y autorizaba un gasto de 27 millones de lempiras (un millón de euros) en publicidad.
Contra Flores Lanza, además, se emitió una orden de captura por haber ordenado presuntamente sacar al menos 40 millones de lempiras (1,4 millones de euros) del Banco Central de Honduras para gastos relacionados con la consulta que Zelaya convocó para el 28 de junio para promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente, según la Fiscalía.
Dicha consulta, para sondear si los hondureños querían que se celebrara un referéndum sobre una Asamblea Constituyente y declarada ilegal por varias instancias del Estado, fue el detonante del golpe de Estado contra Zelaya. Además, sobre Jacobo Lagos pesa una orden de captura al ser acusado de recibir un soborno de una empresa estadounidense, caso por el que está detenido Marcelo Chimirri, otro ex gerente de la telefónica en el Gobierno de Zelaya.
El depuesto presidente hondureño afronta también una orden de captura acusado de delitos políticos cometidos, según la fiscalía, al promover la consulta del 28 de junio, cuando los militares lo derrocaron y el Parlamento designó en su sustitución a Roberto Micheletti.