La vicepresidenta ha asegurado además que «las insuficiencias del modelo aprobado en el 2001», al no tenerse en cuenta variables relativas a la población, han hecho necesaria esta reforma, así como la aprobación a lo largo de los últimos años de siete reformas de estatutos de autonomía de régimen ordinario.
Salgado ha defendido en numerosas ocasiones el hecho de que no se haya buscado un encaje con el Estatuto de Cataluña y ha insistido además en que el bojetivo es que «los ciudadanos sean los verdaderos beneficiarios, ya que se busca fortalecer los servicios sociales básicos». De hecho, ante los nacionalistas gallegos ha insistido en que el incremento per cápita ha sido inferior en Cataluña que en otras regiones.
Además, asegura que este nuevo sistema se encamina hacia una cierta convergencia. De hecho, ha asegurado que las diferencias entre regiones se han reducido un 25%.
Aunque Salgado ha insistido en que este no es un sistema perfecto, ha insistido en que es mejor que el anterior. Y es que la reforma del 2001, según ha insistido Salgado, no tuvo en cuenta tampoco la evolución temporal, y tampoco garantizaba que los servicios esenciales contasen con la misma financiación en todo el teritorio. Sin embargo, Salgado sostiene que el nuevo sistema incluye todas las variables de población y ajusta la financiación per cápita. Además tiene en cuenta superficie dispeersión, densidad e insularidad. Además, «tiene elemento de adaptación anuales que lo harán flexible».
Corresponsabilidad
Además, Salgado ha asegurado que «se aumenta la autonomía de las CCAA y por ello se potencia su corresponsabilidad». Asimismo, ha asegurado que se eleva al 50% la gestión directa de las CCAAA respecto a los ingresos por IRPF y por el IVA, además de gestionar también el 58% de los impuestos especiales.
Esta propuesta ya se conocía desde el pasado ejercicio, y supera notablemente la participación anterior. De hecho, hasta ahora, las regiones se hacían con el 35% del IVA, el 33% del IRPF y el 40% de los Impuestos Especiales. De esta forma, ha asegurado, el 90% de los ingresos de las CCAA procederán de los impuestos.
Asimismo, ha confirmado que el nuevo modelo incorpora también tres fondos (de Suficiencia global, Competitividad y cooperación) y recursos adicionales, al margen de la recaudación a través de los ingresos, para reforzar el estado de bienestar por un importe de algo más de 11.000 millones de euros.
Eso sí, conviene tener en cuenta que en el último año se ha producido un desplome en la recaudación de los ingresos, tanto directos como indirectos.
Devolución
Para concluir su primera exposición, ha asegurado que «todas las autonomías mejoran su financiacion, se gana en equidad y en solidaridad; se mejora la convergencia en financiación y en renta per cápita y además se tienen en cuenta las dificultades que van a tener en un futuro por la crisis».
Posteriormente, en su contrarréplica al portavoz del PP, Salgado ha admitido además que las comunidades autónomas tendrán que devolver al Estado unos 6.000 millones de euros por las liquidaciones negativas de los anticipos a cuenta de 2008, debido a la caída de ingresos registrada en ese periodo.
Es por esto que el Gobierno ha incluido «de manera urgente» una dotación adicional de 11.000 millones de euros en la revisión del modelo para compensar esta caída, al tiempo que establece una moratoria para el pago a partir de 2001, repartida en cuatro años.
Salgado justificó su renuencia a facilitar las cifras sobre las aportaciones que recibirá cada comunidad argumentando que no se conocen las liquidaciones de 2009, si bien avanzó que las cifras avanzadas por diferentes presidente autonómicos «no nos parecen desacertadas». No obstante, recalcó que el Gobierno «no hace rankings».ECO
Sin cifras concretas
Lo que no ha dado a conocer a conocer hoy Salgado es la cantidad destinada a cada región, ya que el Gobierno entiende que ello dependerá de la evolución de la población y de los ingresos tributarios de cada comunidad.
De hecho, el portavoz económico del PP le ha reprochado a la vicepresidenta que «no ha dado ni una sola cifra», y ha insistido en que la mayor descentralización se produjo en la época del PP, con la cesión de las competencias de Sanidad.
Montoro ha criticado la política del Gobierno en materia autonómica, «que divide y enfrenta a los españoles».
El portavoz del PP también ha acusado a Salgado de comparecer tarde y ha insinuado que le da «repelús venir a hablar de esto».
Asimismo, ha criticado la estrategia de incrementar los recursos a todas las regiones precisamente en época de crisis, ya que «se está elevando la deuda».
Así, ha asegurado que «las cuentas no cuadran» en esta situación de la que «tenemos que salir entre todos», y ha inisistido en que el sistema nació «viciado» y es «inoportuno y partidista», porque se diseñó «para facilitar la continuidad del tripartito en Cataluña».
Desde CiU han criticado que el nuevo modelo de finanicación es un «flagrante incumplimiento del Estatuto de Cataluña». Sanchez Lliure ha dejado ver sus «dudas» respecto a la transparencia del modelo, con «más incógnitas que ecuaciones».
Asimismo, ha asegurado que se va a «dañar la calidad de los servicios básicos que se ofrecen en Cataluña», dado el nuevo sistema de financiación.
El portavoz del PNV, Pedro Aspiazu, ha acusado a Zapatero de estar escondido buscando asuntos «de politiquilla», y lanzando globos sonda de subidas de impuestos. Además, ha ironizado con el nuevo modelo de Zapatero y la futura reunión en Sevilla, al asegurar que no se cambiará de un día para otro, «ni aunque nos ayuden la virgen de la Macarena o la virgen del Rocío».
Lo cierto es que el nuevo modelo eleva en más de 11.000 millones de euros los recursos adicionales, lo que, según la propuesta del Ministerio de Economía, garantizará la prestación de los servicios básicos para todos los ciudadanos, vivan en la comunidad que vivan.
Este Departamento entiende que con el nuevo sistema se reducen las diferencias en financiación per cápita entre las comunidades, además de dotarlas de más autonomía financiera y mayor corresponsabilidad fiscal.
La comparecencia de la vicepresidenta fue aprobada por la Diputación Permanente de la Cámara Baja el pasado 28 de julio.
El acuerdo fue en su día secundado por las comunidades socialistas, así como por Canarias, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, y contó con la abstención de las autonomías gobernadas por el PP. Los grupos popular, catalán y vasco reclamaron también la presencia de la vicepresidenta segunda con el objetivo de conocer la cantidad adjudicada a las comunidades autónomas con el nuevo modelo.