Alonso aseguró que la ampliación de la cobertura de estas ayudas «en los mismos términos del decreto ley» es una demanda de «estricta justicia» y resulta asumible «desde el punto de vista financiero», tal y como le ha transmitido la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado. «La ministra ha dicho que esto es una auténtica prioridad», señaló.
Asimismo, aseguró que el acuerdo ha recibido el visto bueno del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien está «absolutamente de acuerdo» con el aumento de estas prestaciones que beneficiará a 700.000 personas con un coste máximo estimado de 100 millones al mes. «Aunque si fuera más, también lo cobrarían», garantizó Alonso, quien explicó que la voluntad del Gobierno es que se beneficien «todos aquellos que lo necesiten».
El portavoz parlamentario del PSOE no explicó los motivos del cambio del umbral para la ampliación de las ayudas, fijado por Trabajo el lunes en el 1 de junio, si bien destacó el papel activo que han tenido en la negociación los sindicatos, a los que agradeció su «esfuerzo y racionalidad».
En este sentido, negó que se deba a la falta de apoyos parlamentarios para convalidar el decreto. «En el ánimo del Gobierno y del PSOE estaba hablar con los grupos de la ampliación de las ayudas antes que de la convalidación», aseguró.
El dirigente socialista confirmó que el acuerdo cerrado ayer por la mañana contempla que el decreto ley se tramite como proyecto de ley en las Cortes para introducir estas novedades. Alonso precisó que, en cualquier caso, las ayudas se mantendrán en los «mismos términos» iniciales.
Al pacto alcanzado con las formaciones de izquierda, ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai, se han sumando los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. Alonso sondeó también al PP, aunque, según dijo, su respuesta no fue «muy explícita».
Por este acuerdo, estos grupos se comprometen a no presentar otras enmiendas al texto más allá de las pactadas sobre ampliación de las ayudas, un extremo que confirmó posteriormente el diputado de IU, Gaspar Llamazares.
Alonso pidió «paciencia y comprensión» a los parados excluidos por el límite inicial del 1 de agosto que todavía tendrán que esperar un mínimo de dos meses para empezar a cobrar las ayudas, y advirtió de que si algún grupo pone «palos a la ruedas» en el trámite parlamentario la aplicación de la medida se puede retrasar un mes más.