Sin embargo, la vicepresidenta admitió que con la ampliación de la ayuda «nuestro déficit se verá un poquito más tensionado». «Si estimábamos que poniéndola en marcha desde el 1 de agosto teníamos un coste de 640 millones, pues si esa cifra se retrotrae al 1 de enero el coste es un poquito más del doble», dijo en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Economía de la UE.
Salgado explicó que se podrá disponer de «una estimación más exacta» sobre el coste de la medida «conforme vayan pasando los días y haya desempleados en esa situación que soliciten la prestación».
La ministra de Economía no aclaró si con esta nueva ayuda se superará el 10% de déficit público para este año, que es la previsión del Gobierno. En todo caso, Salgado sí dejó claro que no se modificará el techo de gasto para los presupuestos del 2010 y que la nueva prestación se situará dentro de ese techo de gasto.
«Para el año 2010, lo razonable es que, si esta es una prestación que ya ha sido aprobada, podamos incorporarla en los escenarios presupuestarios», afirmó.
Al ser preguntada por si el acuerdo sobre la nueva prestación facilitará un compromiso sobre los presupuestos generales para el 2010, Salgado aseguró que el Gobierno trabajará para «conseguir el máximo consenso», pero reconoció que «nada está escrito».
«En momentos de crisis económica es más necesario que nunca tratar de conseguir los máximos acuerdos para la política presupuestaria», señaló.
Ampliación sin condiciones
El Gobierno ampliará la prestación de 420 euros a los parados que se han quedado sin cobertura desde el 1 de enero, y no el 1 de agosto como estaba previsto, tras el acuerdo al que llegó este miércoles el PSOE con los partidos de izquierda. Así lo confirmó el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien destacó que este acuerdo, al que ha llegado el PSOE con IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai, ya cuenta con el apoyo de CiU, PNV y CC.
Entre los términos del acuerdo destaca el compromiso del PSOE a que el decreto-ley se tramite como proyecto de ley. El acuerdo también suprime del texto la condición de que la tasa de desempleo esté por encima del 17% para mantener la medida más allá de seis meses.
Además, una vez que la medida haya entrado en vigor y transcurran los seis meses se estudiarán las fórmulas para ver si es necesario prorrogarla y de qué manera.
Tras conocer este acuerdo, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, señaló que para llevarlo a cabo será necesario modificar las partidas presupuestarias previstas para la medida tanto este año como en el 2010.
La ampliación supondrá, según Rojo, que la ayuda beneficie a entre 250.000 y 300.000 personas más de las previstas, que eran 340.000, y el gasto necesario aumentaría de los 640 millones iniciales a cien millones más por mes extra, es decir, 700 millones más.
En la rueda de prensa en la que analizó los datos del paro de agosto, Rojo precisó por otra parte que quienes reciban esta prestación tendrán el mismo tratamiento que tenían antes de la entrada en vigor de este programa, es decir, que seguirán como parados registrados. De este grupo excluyó a los que se encuentren haciendo cursos de formación por un tiempo determinado.
El Ministerio envía cada día unas 2.500 cartas a quienes diez días después van a agotar su prestación o subsidio y reúnen los requisitos para recibir esta ayuda, y a partir de ahí tienen sesenta días hábiles para pedirla. Según la secretaria general de Empleo, ya se han enviado más de 100.000 cartas.
Rojo señaló, en cualquier caso, que esta prestación no supone una medida más para resolver la crisis, sino que es una actuación «de solidaridad del Gobierno ante la crisis».
Añadió que el acuerdo parlamentario alcanzado no se contradice con las intenciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien quería ampliar sólo hasta el 1 de junio el margen para los beneficiarios de la ayuda, pero «lo dejó abierto al debate parlamentario».