Sanz ha insistido en la necesidad de buscar un acuerdo definitivo y estable para garantizar la estabilidad económica, laboral y jurídica de estos establecimientos. Ha lamentado que este sector haya vivido los últimos meses «desconcertado y alarmado por las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente» y ha señalado que como consecuencia se ha frenado la inversión, las mejoras y la contratación en una actividad económica «que significa quinientos millones de euros para la economía andaluza y que genera 20.000 empleos».
El Gobierno andaluz «con un millón de parados no puede permitirse el lujo» de que se ponga en peligro la continuidad de estos establecimientos «por culpa del capricho de las administraciones», ha dicho.Ha añadido que con esta iniciativa se instará al Gobierno a que proceda a la transferencia inmediata de las competencias sobre estos bares a la Junta de Andalucía lo que «supondrá la mejor garantía para estos establecimientos» ya que «mientras estén en manos del Ministerio estaremos ante una amenaza constante».
También ha afirmado que sería una actuación «lógica» que ya se prometió antes del verano y de la que «aún no se sabe nada». Sanz ha pedido que se haga una rebaja significativa del canon que deben pagar para la renovación «por la situación de maltrato y atropello económico» con la que se les ha tratado «con unas tasas desorbitadas que dejan fuera de juego las posibilidades de estabilidad y la contratación».