Por tanto, la Sala de Gobierno «se da por enterada» del asunto y, «sin perjuicio ni invasión» de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al órgano de gobierno de los jueces.
Juanes ha detallado los pasos seguidos por el juez Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y ha recordado que la Fiscalía recurrió en un mismo auto tanto la fianza como las medidas cautelares impuestas a Aranalde, y solicitó que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente.
Ese recurso se registró en el Juzgado a las 13.40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el lunes y acordó su ingreso en prisión.
«No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso», ha subrayado Juanes.
Denuncia contra el juez
El sindicato Manos Limpias había presentado una denuncia ante el CGPJ contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al considerar que ha podido cometer «una negligencia grave» que pudo propiciar la huída de la etarra Maite Aranalde.
Manos Limpias basa su denuncia en el hecho de que el magistrado «no previó la existencia del grave riesgo de fuga» de la miembro de la banda terrorista ETA y decidió «dejarla en libertad provisional con una fianza de 12.000 euros», que pagó su familia.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, defendió la actuación del juez, respecto a la etarra Maite Aranalde y aseguró que su decisión de imponerle una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión entra dentro de la «independencia judicial» y «forma parte de la mecánica jurídica».
Garzón ordenó el ingreso en prisión de la etarra
Garzón estimó el recurso en un auto dictado a las 13.00 horas del lunes con el que ordenaba el ingreso en prisión de la etarra, y, tras constatar que Aranalde se encuentra en paradero desconocido -la Policía intentó localizar durante toda la tarde y noche del lunes-, el juez emitió este martes una orden de busca y captura.
En el auto de prisión, Garzón advertía de que cuando la etarra fue extraditada ya existía riesgo de fuga y señalaba que el argumento utilizado por Velasco para imponerle la fianza -que iba a ser previsiblemente absuelta en la causa por la que Francia concedió su entrega, ya que un etarra acusado de los mismos hechos había sido exculpado- «no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte».
La euroorden extraviada
Además se sumó el hecho de que las autoridades francesas, según informaron fuentes fiscales, habían «extraviado» la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra Aranalde por su presunta participación en la colocación de varios bombas en gasolineras de Madrid durante el puente de la Constitución del 2004.
La pérdida de esos documentos impidió dictar la prisión contra Aranalde por esa causa a su llegada de Francia -ya que es preciso contar con la autorización de la Justicia gala- y obligó a la Audiencia a tramitar de nuevo la euro-orden.
Por otra parte, el sindicato Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard, ha pedido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue si el juez Velasco incurrió en «negligencia grave» y merece una sanción disciplinaria.
«Este hecho ha causado una gravísima alarma social y pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados cuando se trata de procedimientos que afectan al terrorismo», señala a Manos Limpias en su escrito.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que la denuncia será trasladada este jueves al servicio de Inspección del CGPJ.