En octubre de 2008, el Estado anunció que concedería un máximo de 100.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones y otras operaciones de deuda no subordinada que realizaran bancos y cajas para permitirles afrontar mejor la difícil situación de los mercados.
Finalmente se concedieron avales por importe de 90.000 millones de euros y se señaló que se asignarían otros 100.000 millones si la situación lo requiriese.
No obstante, no se ha podido volver a conceder esta cantidad íntegra, ya que ha habido que descontar los 9.000 millones de euros destinados al rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y los 27.000 millones de euros dedicados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Con los nuevos avales, el Estado seguirá percibiendo las mismas comisiones que hasta ahora, a pesar de la reiterada solicitud por parte de la banca de que las bajase.