Lacuerda advirtió de que UGT y CCOO no firmarán una congelación salarial de los funcionarios si ello supone una pérdida de poder adquisitivo y señaló que el acuerdo debe incluir una cláusula de revisión salarial.
Por su parte, el secretario de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, admitió en declaraciones a EFE que los sindicatos «tienen disposición» de que el crecimiento de los salarios sea «más modesto», a cambio de que se recupere el poder adquisitivo en años sucesivos.
«Si hay una oferta del Gobierno, independientemente del dígito, que garantice en el plazo de vigencia del acuerdo el mantenimiento del poder adquisitivo, UGT lo firmará», dijo Lacuerda.
De esta forma, explicó que desde el punto de vista presupuestario y ante la crisis económica, el Gobierno puede pedir a los sindicatos una «especie de contención solidaria de los salarios», pero que un acuerdo más amplio debe garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos.
«A nuestro juicio, la congelación salarial es que los sueldos no crezcan más que el Índice de Precios al Consumo (IPC), y si es así, estaremos de acuerdo, pero si pueden estar por debajo del IPC, diremos que no», apostilló.
En el mismo sentido se pronunció el dirigente de CCOO, que reconoció que esta tarde se reunieron las federaciones de los Servicios Públicos UGT y CCOO para firmar un documento unitario que han traslado al Ejecutivo esta tarde.
En ese documento se exige al Ejecutivo que «desatasque» el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y que no «ha tenido ningún desarrollo normativo».
Asimismo, los dos sindicatos plantean al Gobierno que la Mesa de la Función Pública negocie el mantenimiento del empleo en las Administraciones Públicas.
Lezcano apuntó que el Ejecutivo debe garantizar la oferta de empleo público en sectores esenciales como la sanidad o la educación y que se transforme el empleo temporal en fijo.
Para Julio Lacuerda, actualmente hay «margen de negociación» y confía en llegar a un pacto, porque el Gobierno ha cumplido «hasta la fecha» con sus compromisos sociales y contractuales.
No obstante, exigió que el Ejecutivo dé «garantías escritas» de cumplimiento del acuerdo «que no puede trascender de la legislatura».ECO