Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en declaraciones a los periodistas en Salamanca a su llegada a la 26 Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León y a la 21 Exposición Internacional de Ganado Puro, AGROMAQ 09, que mañana se clausuran en la capital salmantina.
Para el mandatario regional, la sentencia hecha pública este miércoles «viene a corroborar una doctrina jurisdiccional europea muy consolidada y una posición de muchas comunidades autónomas que hemos echado mucho de menos que defendiera el actual Gobierno de España».
En su opinión, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «se ha inclinado por otro tipo de intereses por dar la razón a las diputaciones forales».
A su juicio y de la misma forma que «hay una asignatura pendiente desde el punto de vista económico» como es «la unidad de mercado», debe haber también «un principio de unidad y de armonización fiscal», ha añadido.
En este sentido, ha estimado que «no se puede hacer una competencia desleal» porque al final, según ha dicho, «no se trata de territorios, sino de proyectos empresariales a los que hay que darles las mismas condiciones».
Por último, ha aseverado que «no se trata de provocar deslocalizaciones o falta de incentivos para la localización industrial en Castilla y León».
En esta misma línea se manifestó el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. En una rueda de prensa, el presidente de La Rioja ha dicho que estas sentencias, contra las que no cabe recurso salvo en aspectos formales, ponen fin a las «vacaciones fiscales».
Sanz ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha mantenido una lucha continua en los tribunales para defender los intereses riojanos y «siempre ha defendido que estas ayudas eran ilegales».
Los tribunales españoles y comunitarios, ha dicho, «han dado la razón al Ejecutivo regional en diversas ocasiones -en concreto, hay 20 sentencias favorables-, y hoy vuelven a hacerlo».
También ha dicho que el Gobierno de La Rioja, en su defensa de los intereses regionales, ha mantenido una postura compartida con los agentes económicos y sociales de esta Comunidad, que «siempre ha sido muy bien valorado por los tribunales e instancias europeas».
Sanz ha asegurado que al Gobierno de España le corresponde garantizar el cumplimiento de estos fallos judiciales porque ratifican que son ayudas de Estado declaradas ilegales.
Partidos, sindicatos, la patronal riojana y la Cámara de Comercio han expresado también su satisfacción por el fallo.
Confebask discrepa
La Confederación Empresarial Vasca, Confebask, ha expresado este miércoles su discrepancia respecto a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que confirma la ilegalidad de las ayudas fiscales a empresas y ha anunciado que estudiará la posibilidad de interponer recurso a dicho fallo.
A través de una nota, Confebask y sus organizaciones miembro ÐAdegi en Guipúzcoa, Cebek en Vizcaya y SEA en Álava- se han mostrado «decepcionadas» tras conocer el fallo del tribunal de la UE.
Así, la organización empresarial ha indicado que rechaza tal resolución por la valoración que hace el mismo de las medidas fiscales vascas y por el mantenimiento de la obligación de devolver los incentivos concedidos, «motivos por los que estudiará la posibilidad de interponer el oportuno recurso».
Según ha considerado, «las empresas actuaron en todo momento con arreglo a la normativa que estaba entonces vigente y con plena confianza en la legalidad de la misma, dado que ésta había sido dictada por quien tenía la potestad para ello, es decir las diputaciones forales».
De esta forma, ha opinado Confebask, «las empresas cumplieron con las condiciones exigidas y realizaron las inversiones con la expectativa de acogerse a determinados incentivos fiscales que, sin embargo fueron luego anulados, sin que las compañías pudieran hacer lo mismo con la inversión».