Una vez aprobada la reforma de la Ley, el nuevo modelo tendrá que ser refrendado por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. El PP, a pesar de que se abstuvo en el CPFF, ya anunciado que votará en contra.
Después de ser aprobado por el Parlamento, el nuevo modelo será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CCAA.
La nueva financiación, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año y de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales ligeramente superiores a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.
El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar.
Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.
El nuevo modelo garantiza además la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
En concreto, esta «bolsa común» contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.
Tres fondos
Asimismo, contempla la instauración de un Fondo de Suficiencia Global, íntegramente financiado por el Estado, que pretende complementar los recursos tributarios no integrados en la garantía de servicios públicos fundamentales y que permite incluir competencias no homogéneas.
El Estado, por su parte, aportará nuevos recursos para la constitución de un Fondo de Competitividad y un Fondo de Cooperación para facilitar la convergencia en los niveles de renta de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y cuyos recursos se distribuirán entre las CCAA con menor renta per cápita o que registren una dinámica poblacional especialmente negativa.