En total, se sentarán en el banquillo 17 personas, entre empresarios e inspectores de Hacienda, cuyas penas rondan los 150 años, y entre las que destacan los 16 años de cárcel para el ex jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y los 12 años para el ex asesor jurídico del Grupo Torras-Kio, Juan José Folchi.
La mayor pena de prisión solicitada, de 22 años, es para el inspector Álvaro Pernas, mientras que podrían recaer 8 años para el hijo del ex presidente del Barça, Josep Lluís Núñez Navarro. También se sentará en el banquillo Eduardo Bueno, presidente del grupo inmobiliario Ibusa y ex candidato de Alianza Popular a la Generalitat. El caso estará en la Sección Novena de la Audiencia hasta el 15 de abril, en sesiones de mañana y tarde de lunes a jueves.
En su escrito, la Fiscalía acusa a los empresarios y a los inspectores de grandes operaciones irregulares y varios casos de presunto soborno, consistentes en el pago de cantidades a cambio de no levantar actas fiscales o archivarlas.
Según los fiscales, los ex inspectores de Hacienda -además de Huguet, Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua- mantuvieron «corruptos contactos» con los empresarios y no ejercieron sus funciones debido a las ventajas patrimoniales que les ofrecieron los empresarios.
Además de 16 años de cárcel, la Fiscalía pide para Huguet 39 años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multas que suman 4,1 millones de euros; para De la Rosa solicita 10 años de inhabilitación y multas que ascienden a 4,1 millones; y para los Núñez, cuatro años de inhabilitación y multas que suman 2,6 millones.
La Fiscalía considera que De la Rosa y Folchi cometieron cohecho, prevaricación y falsedad documental, mientras que a Huguet y otros inspectores les acusa de omisión del deber de perseguir delitos y de infidelidad en la custodia de documentos. En cuanto a Núñez y su hijo, están acusados de cohecho y falsedad en documento oficial.
Los fiscales, en cambio, no piden prisión para otro inspector, José Lucas Carrasco, sino una multa de 102.000 euros, y archivar la causa para Juan Francisco Pont, Mayra Mas (mujer de José Lucas) y Antoni Guinovart.
Relato de los hechos
En su escrito, los fiscales explican que De la Rosa y Folchi decidieron «ganarse los favores profesionales» de Huguet ingresando importantes cantidades en una cuenta bancaria que éste tenía en Suiza.
Para la Fiscalía, con estos pagos, De la Rosa y Folchi pretendían que las inspecciones del Grupo Torras –que el empresario dirigió entre 1986 y 1992– fueran «ineficaces» y «sólo aparentes» para que no se descubriera la deuda tributaria real derivada de sus distintas operaciones mercantiles.
Así, a instancias de De la Rosa y Folchi, Huguet presuntamente se dispuso a paralizar y denegar inspecciones, a mentir en las diligencias y a extender actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de Torras. Todo ello, según la Fiscalía, con la colaboración del inspector Abella, jefe regional encargado de las inmobiliarias.
En cuanto a Núñez y su hijo, la Fiscalía explica que ofrecieron «ventajas económicas» a los inspectores Abella y Bergua a cambio del «torcido ejercicio de sus potestades», ya que conocían las responsabilidades tributarias y penales que podían derivarse de los «artificios fiscales» utilizados por el Grupo Núñez y Navarro, que les permitieron ahorrar 13,2 millones de euros en impuestos.
Así, los Núñez presuntamente favorecieron a Abella en la compra de un piso y de tres plazas de aparcamiento en Barcelona y ayudaron a Bergua en la compraventa de un piso y un aparcamiento, «a un precio muy inferior» al del mercado; todo, a cambio de «inspecciones amañadas» y de que dejasen de comunicar a las autoridades la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Núñez y Navarro supuestamente consiguió que se pasaran por alto «intencionadamente» artificios fiscales como transmisiones inmobiliarias entre las empresas del grupo con fines puramente fiscales o diferencias de precios en transmisiones de entidades registradas de similares características.
En cuanto a los acusados Eduardo Bueno, máximo responsable del grupo inmobiliario Ibusa y ex candidato de Alianza Popular a la Generalitat, y su mano derecha, Francisco Colomar, la Fiscalía señala que diseñaron operaciones financieras para «aminorar de forma fraudulenta la carga fiscal que tendrían que haber soportado». Para ello acudieron a Folchi, que contactó con Huguet y Abella y presuntamente les persuadió para realizar inspecciones amañadas sobre el grupo.