Fernández de la Vega presentó a Kroes las líneas principales de la ley de financiación de RTVE, que acaba de entrar en vigor.
El nuevo modelo prevé que TVE deje de emitir publicidad y pase a beneficiarse de un porcentaje del 3% sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto, del 1,5% de los operadores de pago y el 0,9% de los operadores de telecomunicaciones.
También recibirá un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, los productos y rentas de su patrimonio y las aportaciones voluntarias.
Hasta ahora, las compañías telefónicas han sido las más críticas con el mecanismo, y estudian denunciar la tasa que se les impone para financiar a la corporación pública.
Bruselas -que aún no ha comenzado a analizar en profundidad el expediente, según confirmaron fuentes comunitarias-, debe evaluar si todo esto es compatible con el derecho comunitario.
Lo hará una vez que Madrid le traslade toda la documentación por escrito, según indicó este lunes el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, que no quiso hacer ningún comentario sobre el caso.
Por el momento, la Comisión sí ha entrado a investigar en profundidad el modelo francés que, al igual que el español, prevé retirar la publicidad de la televisión pública.
Bruselas tiene cierta preocupación por los impuestos que ha introducido el Gobierno francés para compensar la caída de ingresos, ante la posibilidad de que la recaudación sea superior a los costes del servicio público en 2011 y 2012.
Sin embargo, De la Vega insistió este lunes en que los sistemas aprobados por Francia y España son distintos y aseguró que Kroes no le planteó este lunes ninguna objeción.
A su juicio, el modelo español se «basa en principios aún más estrictos que los establecidos por la Comisión Europea en cuanto a competencia».
«Si antes podía haber alguna duda de posición de dominio o competencia desleal por parte de la televisión pública española, ahora esa duda ha quedado por completo despejada», señaló.
Fernández de la Vega defendió las reformas promovidas por el Ejecutivo con el objetivo de «modernizar el escenario audiovisual español, dotándolo de un marco legal coherente y acorde con los tiempos».
Según aseguró, «era el momento para acometer esta nueva regulación porque estamos entrando de lleno en la era digital y es más necesario que nunca que el sector disponga de una normativa clara, útil, acorde con los tiempos, que dé seguridad y garantice desarrollo y protección».
La vicepresidenta española confió en que Bruselas se pronuncie pronto sobre el caso.
Fuentes comunitarias, mientras, aseguraron que es imposible por el momento avanzar ningún tipo de calendario sobre el expediente de RTVE, pues todo dependerá de si la Comisión encuentra algún problema durante su análisis.
En concreto, Bruselas debe evaluar si el nuevo modelo de financiación incluye ayudas de Estado y, en ese caso, si son compatibles con la normativa comunitaria.