Se trata de un documento meramente informativo, en el que no se pide alegaciones a las partes.
En cambio en otra carta se les pide su opinión a los ayuntamientos, la Asamblea de Madrid y entidades representativas, afectados por el reparto de los consejeros de la Casa Real a los que ésta renuncia.
Estas aclaraciones de la Comisión de Control se producen porque la Casa Real, como entidad fundadora de Caja Madrid, tiene derecho a 64 representantes en la Asamblea general de la institución financiera y renunció a ellos a finales de 2008, cuando estaba en vigor la ley de cajas de 2003.
De este modo, sus puestos, en principio, debían repartirse de manera proporcional entre todos los sectores en dicho órgano de gobierno, pero los nuevos estatutos, ya adaptados a la normativa regional de cajas que entró en vigor en 2009, dejaron fuera del reparto a las corporaciones municipales.
Los 64 consejeros de la Casa Real irían a parar a las entidades representativas, que ganarían 37 representantes, seguida de los 21 que se sumarían a los de la Asamblea de Madrid y a los 7 del sector de los empleados.
Con esta nueva distribución, las corporaciones municipales serían las peor paradas, ya que antes, con el reparto proporcional conseguían 20 vocales, hasta llegar a 100, y ahora no recibirían ni un solo asiento.
Así, la representación de los consistorios en la Asamblea General de la caja se limitaría a 80 miembros que fijan ahora los estatutos y de ellos, 36 corresponderían al Ayuntamiento de Madrid, que con la antigua normativa tenía 70.
Esta nueva distribución fue comunicada este mismo mes por la Comisión de Control, que dentro de sus funciones de supervisión del proceso electoral, notificó a los diferentes sectores el número definitivo de representantes en la Asamblea.
Ante esta situación, el ayuntamiento capitalino consideró que el reparto de los asientos que correspondían a la Corona se debía seguir haciendo de manera proporcional, tal como lo había pedido la Casa Real hace un año, y por ello decidió impugnar la nueva distribución ante la Comisión de Control.
No obstante, advirtió de que si este organismo no atendía este recurso, para lo que se volverá a reunir el lunes, el Ayuntamiento recurriría a la vía judicial para defender una mayor representación en la Asamblea de la caja.
Tras el encuentro de hoy de la comisión electoral, fuentes próximas consideraron «tremendamente extraño» que quien hasta ahora aceleraba el proceso electoral (en alusión a la Comunidad de Madrid) ahora dé la sensación de que lo quiere retrasar.
En este sentido, apuntaron que la causa podría ser que se trate de evitar que la Comisión de Control se vea obligada a interpretar la ley con un acto administrativo, que podría servir al Ayuntamiento de Madrid para presentar un recurso y solicitar nuevamente la interrupción del proceso electoral.