En las misivas, el Ministro reclamó a los comisarios que asegurasen que el apoyo gubernamental destinado a la nueva Opel «se configure dentro del máximo respeto a las reglas de mercado, al marco legal sobre ayudas públicas de la UE y al principio de unidad de mercado».
Sebastián también criticó con dureza la elección de la oferta de Magna como socio inversor para salvar a la filial europea de General Motors, una decisión que, subrayó, «nos ha producido intranquilidad».
El titular de Industria destacó que la información disponible «sugería que el plan de Magna no era el más competitivo» y su proyecto de reestructuración es «el más alejado del plan original propuesto por GM».
Plan de reestructuración
Los países europeos en los que hay fábricas de Opel están discutiendo actualmente su participación en el crédito de 4.500 millones de euros que las autoridades alemanas han acordado conceder a Magna para contribuir al rescate de la empresa.
Según el plan de reestructuración adelantado por General Motors y el fabricante de componentes austro-canadiense, la operación implicará la supresión de alrededor de 11.000 empleos, de ellos unos 1.600 en Figueruelas, aunque según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, podrían elevarse a 2.090.
Entre los países afectados por el ajuste, tanto Bélgica, donde la planta de Amberes se arriesga al cierre, como el Reino Unido, que cuenta con dos fábricas, han hecho público su descontento con la manera en que se ha llevado a cabo la negociación y han denunciado que el plan de Magna favorece injustamente a las plantas alemanas.
También han exigido a la Comisión Europea que verifique con cuidado si Berlín condiciona sus ayudas a Magna a un trato más favorable a las factorías alemanas, una petición a la que ahora también se suma España.
Desde Bruselas, el portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, recordó que la Comisión «ya ha dejado claro que tiene la intención de examinar con mucha atención cualquier ayuda que se conceda a Opel».
Todd confirmó la recepción de la carta enviada por Sebastián y, aunque señaló que sus comentarios serán tomados muy en serio, recalcó que, independientemente de las preocupaciones mostradas por los países, Bruselas cumplirá con su obligación de verificar la compatibilidad de los subsidios con la legislación europea.