Para el pago de esta pensión, que será vitalicia, el banco tiene provisionados 52,49 millones de euros, que garantizan la pensión anual, que no se completará con ningún tipo de indemnización por cese, ya que abandona el banco «de mutuo acuerdo».
El equipo de análisis de Renta 4 aseguró que el cambio en BBVA podría generar incertidumbre «en el corto plazo» en el mercado, por lo que no afectaría a la cotización de la acción durante mucho tiempo.
Los analistas de Atlas Capital, señalaron que la caída de las acciones del BBVA en la sesión de hoy responde «exclusivamente» al cambio de consejero delegado.
Y en el aspecto político, los grupos minoritarios del Congreso criticaron la «pensión» y mientras CiU cree que es «un mal ejemplo en tiempos de crisis», IU considera que es un «escándalo», y UPyD la califica de «obscenidad».
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, subrayó que se trata de una decisión empresarial que atañe a los accionistas de BBVA, si bien matizó, aunque de forma algo críptica, que opinar sobre si es oportuna o no en la crisis sería una consideración «ética» sobre la que «ya saben cuál es la opinión del Gobierno».
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, señaló que «es difícil de entender» que «alguien piense» que el modo en que se prejubilará Goirigolzarri «está bien» y después, cuando el Estado dedica a mejorar las prestaciones sociales una cantidad similar, lo considere despilfarro».
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, coincidió en que se trata de una decisión de una entidad privada, pero agregó que espera que desde el BBVA «nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido; es lo único que les pido: que no nos den consejo».
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, cree que es «muy duro» que existan pensiones así en un contexto de crisis, y el de Fomento, José Blanco, señaló que «este tipo» de «indemnizaciones» debería tener «una fiscalidad mayor».
Difícil de explicar
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que es «muy complicado de explicar» que «con la que está cayendo se produzcan jubilaciones de este tenor», aunque recordó que «no está dentro del ámbito de lo público y no es algo que se pueda controlar desde el ámbito de lo público».
El portavoz de economía popular, Cristóbal Montoro, insistió en el carácter privado de la decisión, pero reconoció que una pensión así en una crisis «se vuelve especialmente llamativa».
Josep Lluis Sánchez Llibre (CiU) cree que es «un mal ejemplo en tiempos de crisis», si bien incidió en que es una decisión empresarial, y recordó que el banco no ha tenido que recibir ayudas por parte del Estado.
Gaspar Llamazares (IU) tachó de «escándalo» una decisión así en una crisis, opinó que debería haber medidas legales que impidieran este tipo de «desafueros» y lamentó que se produzca después de las medidas aprobadas por el Gobierno para financiar «públicamente» el sistema financiero y «salvar a la banca».
La diputada de UPyD, Rosa Díez, consideró la pensión como una «obscenidad», y Josu Erkoreka (PNV) añadió que el «mensaje» que se lanza no es muy edificante para la sociedad y «para miles de trabajadores que están a punto de quedarse en el paro».
Desde el ámbito sindical, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, criticaron la pensión en un momento de crisis en el que se escuchan voces a favor de abaratar los costes laborales.
Según Méndez, estas noticias provocan «irritación justificada», mientras que Toxo lamentó que sectores que plantean reducir el coste del despido llevan a cabo ese tipo de prácticas.
El secretario general de CCOO criticó que «mientras el sector financiero no juegue el papel que le corresponde, difícilmente vamos a poder salir de esta situación».