Este posicionamiento incidió en el concepto que se tiene de Figueruelas como «factoría ejemplar con una estructura de costes y producción óptima», por lo que se insistió en una búsqueda de soluciones de índole industrial y no política.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en una comparecencia parlamentaria celebrada el jueves, se mostró convencido de que van a prevalecer criterios de rentabilidad y que, en ese sentido, la planta tiene el futuro garantizado, pues «los mayores ajustes deberán hacerse en las plantas menos productivas».
«Tenemos a la Comisión Europea totalmente de nuestra parte», señaló al tiempo que mostró su confianza en que Magna también valore la productividad de la planta aragonesa «porque es importante para la propia rentabilidad de su proyecto», concluyó Sebastián.
Por otro lado, los sindicatos europeos de la alemana Opel han solicitado a cambio del esfuerzo que deberán hacer los trabajadores en el proceso de saneamiento de la nueva empresa, el derecho a voz y voto en el consejo de dirección.
Según medios alemanes, que citan fuentes de la negociación, los representantes sindicales quieren a cambio de la participación del 10% prevista en el «nuevo Opel» participar en la gestión.
Tanto el gigante automovilístico estadounidense General Motors como los compradores de Opel, el banco ruso Sberbank y el consorcio austríaco-canadiense Magna rechazan esa posibilidad. «Quiero saber qué influencia obtendré a cambio de mi dinero», declaró a la agencia alemana DPA una parte implicada en las negociaciones, que el jueves se interrumpieron sin resultados para «una pausa para la reflexión».
Según el acuerdo de compra-venta, aún por firmar, la plantilla de Opel participará con un 10% en el capital de la futura nueva empresa. GM retendrá el 35% de Opel, mientras que el 55% restante pasará, en partes iguales, a manos de Magna y de su socio ruso.
Para llegar al 10% previsto para la plantilla, los trabajadores deberán renunciar a pagas extraordinarias y subidas salariales por una cuantía anual de 265 millones de euros.
En la ronda negociadora que este jueves se celebró en la ciudad alemana de Rüsselsheim, sede de Opel, los sindicalistas añadieron al pliego de exigencias general la garantía de que las plantas de producción fuera de Alemania tendrán futuro a largo plazo. Las posiciones más duras en ese sentido procedieron, según las fuentes consultadas por los medios alemanes, de la parte británica.
«Queremos garantías de continuidad para Ellesmere Port y Lutton y, hasta ahora, no las hemos recibido», declaró el líder sindical británico Tony Woodley.
Un representante de la empresa respondió a esa reclamación con la afirmación de que «no pueden darse garantías a largo plazo». «Nadie obtendrá un compromiso sobre el próximo ciclo de vida de los modelos», y agregó que, «de acuerdo, al derecho comunitario, tampoco pueden darse garantías».
Según el presidente del comité de empresa de Opel, Klaus Franz, la pausa para la reflexión abierta ayer se debe a que «existen una serie de problemas básicos» y a la necesidad de «aclarar algunas cuestiones jurídicas».