«Se está definiendo todavía si se aplicará con la primera maleta o con la segunda», señalaron fuentes de la aerolínea, quienes señalaron que «parece inevitable» que se acabe aprobando. Sin embargo, puntualizaron que, en cualquier caso la medida «no se aplicará desde octubre, ni de forma generalizada».
Iberia recuerda que la tendencia generalizada en las compañías tradicionales es separar al cliente que quiere un servicio completo, con tarifas más altas, de aquel que opta por precios más bajos.
«Es una medida parcial dirigida a aquellas rutas más baratas donde el cliente prefiere una tarifa más baja y decide si llevar maleta o no y, en ese caso, pagar por ella», insistieron.
Desde la asociación de consumidores Facua se advirtió a Iberia que interpondrá una denuncia contra la aerolínea presidida por Antonio Vázquez si comienza a cobrar a los pasajeros por facturar equipaje, y recordó que ya hizo lo propio con 16 compañías por «estas prácticas abusivas».
Así, Facua se remite a la Ley 48/1969, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea que recoge que «el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje» y sólo «el exceso será objeto de estipulación especial».
Por su parte, la Unión de Consumidores aseguró que el cobro adicional por facturación de maletas es «ilegal», por lo que denunciará a Iberia en el caso de que establezca finalmente esta medida, como ya ha hecho con otras compañías aéreas por prácticas similares.
En un comunicado, la UCE recordó que varias compañías low cost ya tienen expedientes abiertos por esta práctica en la Agencia Catalana de Consumo.
La asociación, que también se remitió a la Ley 48/1969, recomendó a los usuarios denunciar estas prácticas con el fin de que la Administración pueda actuar e instó a los afectados a que interpongan la correspondiente queja si se les aplica el cobro de un recargo.
Finalmente, recordó la posibilidad de reclamar las cantidades facturadas ilegalmente a través de la vía judicial para aquellos casos en los que no superen los 900 euros, lo que no requiere de abogado ni procurador.