Las instalaciones y las subestaciones de LyFC están desde el sábado por la noche resguardadas por cientos de agentes de la Policía Federal.
El máximo responsable de CFE, eléctrica que junto a LyFC monopolizan la distribución de energía para hogares en México, dijo además que durante los próximos días se sumarán más empleados hasta sumar 8.500.
Actualmente LyFC sólo ofrece el servicio eléctrico, y habrá que esperar unos días para reabrir las áreas comerciales, de facturación y de instalación de nuevos clientes, por lo que los ciudadanos no podrán pagar sus recibos o contratar el servicio por primera vez.
Ayub señaló que pondrá en marcha un programa para que las pérdidas por robo de energía e ineficacia técnica de LyFC, que el año pasado ascendieron al 32,63% de toda la que generó, se reduzcan al 10%, que es el estándar en CFE.
El Gobierno ofreció a los 44.000 trabajadores que resultarán despedidos el pago, a partir del próximo miércoles, de una indemnización global de hasta 20.000 millones de pesos (unos 1.538 millones de dólares), y aquellos que se acojan de forma inmediata al plan podrán gozar de 33 meses de sueldo en promedio.
Del total de empleados de LyFC, que abastece de electricidad a la capital mexicana, a 82 municipios del vecino Estado de México, a 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, alrededor de 10.000 serán empleados de nuevo en la compañía pública resultante de la disolución, afirmó por su parte hoy en declaraciones a Televisa el secretario (ministro) de Hacienda Agustín Carstens.
Asimismo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo hoy que «las puertas al diálogo estarán siempre abiertas», aunque el Gobierno no dará «ni un paso atrás» en la liquidación de LyFC.
La intervención de LyFC se produjo en el marco de un conflicto entre el SME y el Gobierno federal, que no reconoce a su líder, Martín Esparza, por supuestas anomalías en su elección.
Esparza afirmó este lunes en declaraciones a la emisora MVS Radio que las razones financieras esgrimidas por el Ejecutivo para cerrar la empresa son «falsas» y que los obreros buscarán que el Congreso mexicano interponga un recurso de inconstitucionalidad frente a la medida.
Asimismo, el SME encabezará el jueves una marcha a la que ha llamado a todos los sindicados en rechazo a la intervención de la empresa, en Ciudad de México.