La norma, pionera en España, prima las actuaciones destinadas a la prevención y la promoción de la salud al considerar que ésta es la mejor vía para garantizar, a la larga, una reducción del gasto asistencial.
Entre las 29 prestaciones que recoge, destacan algunas como la ayuda para dejar de fumar y el fomento del ejercicio físico y de una alimentación saludable, claves para prevenir algunas de las enfermedades con mayor mortalidad en la actualidad como son las dolencias cardiovasculares y el cáncer.
Las carteras específicas de servicios que se aprobarán en el plazo de unos seis meses concretarán qué tipos de ayudas para dejar de fumar se incluyen como prestaciones públicas, aunque el sistema sanitario ya facilita en estos momentos apoyo farmacológico e incluso acompañamiento a personas que quieren abandonar el tabaco.
Con el mismo objetivo de proteger la salud de las personas, la ley prohíbe explícitamente las promociones en bares, restaurantes y discotecas que buscan un consumo incontrolado de bebidas alcohólicas como son las ofertas de «happy hour» (en las que se ofrece dos bebidas a precio de una) o las barras libres.
Los establecimientos que desoigan esta prohibición se enfrentarán a multas de más de 6.000 euros, según ha explicado el director general de Salud Pública, Antoni Plasència.
En la cartera de prestaciones, se incluye también la promoción de entornos saludables, la orientación y planificación familiar -para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual-, la promoción de la salud bucodental, la prevención del cáncer, y la protección de la salud de la población ante riesgos de la contaminación química, biológica y radiológica.
La ley prevé además la vigilancia y el control de los establecimientos alimentarios, las aguas de consumo, la legionela, los brotes epidémicos, las alertas sanitarias, los planes de prevención de la gripe en invierno y las actuaciones contra las olas de calor.
La consellera de Salud, Marina Geli, se ha mostrado hoy satisfecha por la aprobación de una ley que, ha dicho, es «la más importante» aprobada en el ámbito de la salud desde 1990, cuando vio la luz la ley de ordenación del sistema sanitario catalán.
«Se trata de una ley en positivo, que pretende reducir los riesgos para la salud, que es innovadora e integradora», ha destacado, tras considerar relevante que se apruebe precisamente «en un momento de crisis, paro y de una cierta desafección hacia aquello que es público».
La nueva Agencia, que aglutinará a las actuales Agencia de Protección de la Salud y de Seguridad Alimentaria -que tendrá una área propia-, se encargará de gestionar todos estos servicios.
La norma crea también la Red de Vigilancia de la Salud Pública, integrada por el conjunto de las unidades de vigilancia epidemiológica del departamento de Salud, y la Red de Laboratorios de Salud Pública.
La ley prevé multas coercitivas que no pueden exceder de 6.000 euros, así como infracciones calificadas como leves (hasta 3.000 euros de multa), graves (hasta 60.000 euros) y muy graves (hasta 600.000 euros).
De las infracciones más graves, se podría desprender también el cierre temporal de una instalación, establecimiento o servicio.