Según la FSA, el estudio confirma su temor de que una directiva de ese tipo tenga un impacto desproporcionado en partes de la industria de inversiones, en especial los llamados fondos «hedge» y los capitales privados, al limitar tanto la oferta disponible para los inversores como sus ganancias.
El estudio, llevado a cabo por la consultoría Charles River Associates, indica que el rendimiento de los fondos de pensiones europeos se reduciría en 1.400 millones de euros al año, lo que equivale a un 0,05 por ciento del total, si la directiva hace que los fondos alternativos huyan de Europa.
De acuerdo con esa directiva, la mayoría de los gestores de fondos radicados fuera del territorio comunitario no podrían vender fondos a clientes europeos.
Si los fondos alternativos basados fuera decidiesen trasladar su sede a la UE, incurrirían en un gasto único de 3.200 millones de euros y gastos anuales de 311 millones, que podrían repercutir en sus clientes, señala el informe.
Los capitales privados se expondrían a costos anuales de cumplimiento equivalentes a cerca del 0,13 por ciento de los activos totales de un fondo mientras que los del capital de riesgo serían de un 0,25 por ciento.
El regulador británico coincide pese a todo con los proponentes de la directiva europea en que tiene también beneficios, entre ellos el de exigir mayor transparencia al sector.