En abril de este año, la CMT, atendiendo a una denuncia de Vodafone, aprobó una resolución por la que obligaba a Telefónica a poner a disposición de sus competidores una solución automatizada para que pudieran ofrecer a sus abonados Internet indirecto sin teléfono y abrió un procedimiento sancionador contra Telefónica.
Durante los siguientes meses, Telefónica afirmó que había introducido mejoras en su servicio y que ya estaba disponible, y los servicios de inspección de la CMT determinaron que no estaba realmente operativa la solución.
Finalmente, el 1 de septiembre Vodafone comunicó a la CMT que ya no tenían problemas con el servicio de Telefónica.
Tras este proceso, el último consejo de la CMT decidió imponer una sanción a Teléfonica de 10.000 euros por cada uno de los 100 días, desde la resolución de abril, en los que considera que no ha estado operativo el servicio, lo que suma un millón de euros.
En el tramite de alegaciones de este proceso, Telefónica solicitó a la CMT que le permitiera dar el servicio Internet sin voz a sus abonados, lo que el organismo también autorizó.