Este nuevo cuerpo, que contará con una línea de financiación adicional del ICO, será gestionada directamente por las Cámaras de Comercio a través de la ventanilla única, y tendrá una función de asesoramiento y apoyo, según confirmó Salgado. Una vez recibidos, los expedientes y las solicitudes serán «revaluados y reconducidos» de nuevo a las entidades financieras, evaluando la posibilidad de encajarlos en alguna de las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial.
El Gobierno busca de esta forma atender las dificultades de acceso a la financiación que están teniendo proyectos «viables, rentables y solventes».
Así, una red de 70 asesores financieros, formada por trabajadores del sector prejubilados, intentarán gestionar 200.000 operaciones, lo que no garantiza que todas las operaciones se vayana a poder cerrar.
Salgado ha reiterado que estas ayudas no buscan sustituir a las entidades financieras. Además, ha negado que la falta de financiación se deba a un problema de solvencia de las entidades financieras, sino a que las entidades financieras no quieren elevar sus ratios de morosidad. «Las entidades financieras ya han terminado su tarea y han dicho no» a la concesión de estos créditos.
De momento, el ministerio ha hablado ya, además de con la Cámara de Comercio, con las entidades financieras las cuales se han mostrado de acuerdo en participar en esta nueva línea, que estará dotada con 10 millones de euros anuales.
Eso sí, esta figura sólo estará disponible para aquellas entidades que hayan suscrito un convenio de colaboración con el ICO.
Los «Facilitadores» estudiarán peticiones de crédito de hasta dos millones de euros según explicó Salgado.
Sin embargo, consideró que esta medida no supone una ayuda adicional a la banca o una forma de hacer su trabajo, sino que pretende animar a las entidades a que vuelvan a evaluar las solicitudes y acaben concediendo los créditos. Es más, la iniciativa también tendrá algún coste para las propias entidades, porque contarán con personal y líneas telefónicas para estos trabajos.
Dicho servicio se ofrecerá también a través de internet y por teléfono, canales por los que los interesados presentarán sus proyectos y, si son viables, las peticiones se admitirán a trámite, reclamándose a la pyme o al autónomo correspondientes la documentación necesaria para que acrediten su situación financiera.