Preguntado por la supuesta exclusión de algunas de las conversaciones que supuestamente exculpan al president de la Generalitat, Francisco Camps, el juez ha dicho que le «encantaría poder contestar y dejar las cosas muy claritas», pero que no puede hacerlo.
Por otro lado, preguntado por la relación entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y Camps manifestó que no puede «opinar sobre estas particularidades». «Ni lo voy a hacer», agregó.
En cualquier caso, recalcó que «cada uno tiene su tanto de responsabilidad y sabe lo que hacer», a lo que añadió que «la ley es igual para todos». «Y cuando digo eso, lo digo convencido, porque estoy siendo objeto de investigación», insistió Garzón, quien hizo hincapié en que «ese principio de igualdad ante la ley es básico en una democracia».
«Dejar muy claritas las cosas»
El magistrado aseguró no tener «ni idea de que se haya interpuesto» una querella por parte del Gobierno valenciano ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra él y los fiscales que han intervenido en el caso, aunque comentó que «si se ha interpuesto, cualquier ciudadano puede interponer las acciones legales que considere, ya que para eso están los tribunales».
No obstante, agregó que «siente muchísimo» no poder valorar la querella anunciada el pasado viernes por la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, puesto que le «encantaría poder contestarla y dejar muy claritas las cosas».
«No puedo hacerlo», sentenció el magistrado, quien indicó que «eso es el débito y la responsabilidad que tenemos los jueces: que no podemos hablar de los casos que están en marcha». «En cambio, otros lo hacen y lo hacen en demasía, a veces, pero hay que asumir nuestra posición y mantener el equilibrio necesario», concluyó.
A su llegada a la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia, representantes de la Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios le entregaron una carta invitándole a que «explique sus actuaciones» en este caso y en el de la Memoria Histórica, en la que se interesaban también por las «escuchas ilegales», las «investigaciones secretas» y las «filtraciones a los medios de comunicación de los sumarios».
Secuestro del ‘Alakrana’
Por otra parte, el juez ha opinado, en relación a los piratas detenidos por el secuestro del barco atunero español Alakrana, que la justicia «no debe ser una moneda de cambio» ni actuar «al hilo de una situación concreta», sino tomar «medidas» cuando hay detenidos.
Garzón ha señalado que la justicia ha desempeñado «el papel que le corresponde» con los piratas detenidos por este secuestro, y que la situación «debe resolverse» sin verse afectada por ello.
«La justicia no tiene que actuar al hilo de una situación concreta que pueda estar desarrollándose», y «si hay un secuestro nadie va a renunciar a detener al grupo que lo haya producido ni tampoco a proteger a la víctima», ha manifestado.
En relación al pirata somalí que ha sido sometido a una serie de pruebas para determinar su mayoría de edad, Garzón ha indicado que de confirmarse el resultado de este informe, «es plenamente responsable» de sus acciones dentro del ámbito penal con todas sus garantías y sus derechos.