En un artículo que publica este lunes el mismo periódico, el que será con alto grado de probabilidad el próximo ministro británico de Finanzas tras las elecciones del próximo año califica de «totalmente injustificado» que se utilice el dinero público para remunerar a los banqueros «mientras el resto de la economía lo necesita desesperadamente».
Osborne no se opone a las primas, pero afirma que este año «no deberían pagarse en efectivo sino reinvertirse en nuevas acciones en los propios bancos de modo que éstos se encuentren en condiciones de seguir prestando a aquellas empresas que necesitan liquidez para seguir funcionando.
«El Tesoro y la Autoridad de Servicios Financieros (organismo regulador británico) deberían unirse para impedir que los grandes bancos minoristas paguen grandes primas en efectivo este año a sus altos ejecutivos».
Osborne acusa al primer ministro laborista, Gordon Brown, de haber llevado a este país a una situación peor que la de los otros grandes países europeos a pesar de haber presumido en el pasado de estar «en mejores condiciones que otros» para capear la recesión.
«La verdad, confirmada el viernes, es que Gran Bretaña es una de las pocas economías que siguen hundidas en la recesión. Francia, Alemania y Japón salieron ya de ella hace seis meses. Nuestra economía es más pequeña que la de Italia, y cuando se pregunta al señor Brown por qué Gran Bretaña va peor que los otros países, no tiene respuesta», critica.
Osborne anuncia que un futuro gobierno conservador abolirá el actual sistema tripartito – ministerio de Economía, Autoridad de Servicios Financieros y Banco de Inglaterra- y pondrá a este último «al frente», además de crear «nuevos bancos y más competitivos».
Mientras tanto, el secretario de Estado responsable de la City en el Gobierno laborista, lord Myners, afirma que ha prestado oídos a quienes se quejan de que los bancos de inversión están cobrando cantidades excesivas por sus gestiones a las empresas por gestionar y garantizar sus emisiones y colocación de nuevas acciones.
Según el Evening Standard, incluso empresas relativamente grandes se ven obligadas a pagar a los asesores hasta un 5 por ciento de la ampliación de capital por el asesoramiento cuando lo normal hasta ahora era entre un 2,5 y un 3 por ciento.
Y ello a pesar de que muchas de las emisiones de derechos se ofrecían con tal descuento – muchas veces a la mitad del valor de mercado del momento- que no había que convencer a los accionistas para que las suscribieran.
Las empresas más pequeñas se ven obligadas a pagar entre un 6 y un 9 por ciento de comisión por ampliaciones de capital de entre 55 y 165 millones de euros, dice el periódico.