jueves, enero 23, 2025
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Uruguay elige presidente, nuevo parlamento y decide sobre dos plebiscitos

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El candidato de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, José «Pepe» Mujica, es el favorito para ganar, pero parece difícil que su candidatura logre superar el 50 por ciento de los votos como exige la legislación uruguaya para vencer en primera vuelta.

Mujica, y su segundo, el ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ratificaron hoy su apoyo a la Ley de Caducidad, que dejó sin castigo a los autores de crímenes cometidos durante la dictadura.

«Nosotros mañana vamos a votar para anular la ley, lo cual, para decirlo en palabras sencillas, es como si nunca hubiera existido y ello permite llevar adelante investigaciones que en el pasado estuvieron detenidas precisamente por la vigencia de la ley», señaló Astori en una conferencia de prensa para medios extranjeros junto a Mujica.

Luis Alberto Lacalle, que fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995 y que es candidato por el Partido Nacional, subrayó hoy que la Ley de Caducidad ya «fue sometida a un referéndum y ratificada» por el 57 por ciento de la población.

En otra rueda de prensa recordó que al concluir la dictadura en 1985 además de la Ley de Caducidad se dio una amnistía para los guerrilleros tupamaros que habían puesto en jaque al gobierno democrático uruguayo de los años sesenta.

«Dimos por terminado el episodio» y, «o se vuelve para atrás todo, lo que sería algo inapropiado para la pacificación del país, o se dejan las cosas como están», afirmó Lacalle.

Lo más probable, según coinciden las encuestas y analistas, es que sea necesaria una segunda vuelta, que se celebraría el 29 de noviembre, para definir quién será el futuro presidente entre Mujica y Lacalle.

De acuerdo a las últimas encuestas, difundidas el pasado jueves antes del período de reflexión que comenzó el viernes, el oficialista Frente Amplio, que agrupa a una docena de fuerzas de izquierda, tiene entre el 45 y el 49 por ciento de intención de voto.

El Partido Nacional tendría entre el 29 y el 32 por ciento de los votos, y el Partido Colorado, que gobernó Uruguay durante décadas, pero muy disminuido en los últimos años, entre el 13 y el 16 por ciento.

Pedro Bordaberry, que es el candidato presidencial más joven que impulsó una renovación en el partido, es el candidato «colorado» a la presidencia.

El Partido Independiente, que tiene a Pablo Mieres como candidato, suma una intención de voto de entre el 2 y el 3 por ciento y la radical de izquierda Asamblea Popular, debutante y con Raúl Rodríguez como candidato, no llega al 1 por ciento.

La composición del Parlamento, formado por 30 senadores y 99 diputados, se definirá mañana con la incertidumbre de saber si el Frente Amplio podrá ratificar la mayoría absoluta que tiene y que ganó en el año 2004 cuando el socialista Tabaré Vázquez fue elegido como el primer presidente de izquierda de la historia de Uruguay.

La Ley de Caducidad puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La ley fue aprobada por el Parlamento tras el retorno a la democracia, en 1986, y refrendada por la ciudadanía en 1989 en un primer plebiscito.

Ahora los impulsores de la derogación de la ley, con la principal central obrera del país, Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) al frente, afirman que «no existen los temores» y la democracia «ya no esta tutelada por los militares» como ocurrió hace 20 años cuando se aprobó en el Parlamento y se refrendó en las urnas.

Además, los uruguayos deberán decidir sobre la posibilidad de habilitar a partir de las elecciones de 2014 el voto por correo, sin precedentes en el país.

Al menos unos 600.000 uruguayos residen en el exterior y hasta ahora si quieren participar en las elecciones no tienen otra alternativa que viajar a Uruguay para votar, como se presume que harán unos 20.000 que viven en Argentina.

Ambas consultas necesitan superar el 50 por ciento de los votos válidos para ser aprobados y, según las encuestas, ambos tienen una intención de apoyo popular cercana al límite mínimo y con mejores posibilidades de ser aprobado para el voto a distancia.

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