Caja Madrid cree prudente la suspensión cautelar decidida por dicho juzgado porque el conflicto judicial en curso origina «una grave situación de inseguridad jurídica, ya que el proceso electoral queda sujeto a los efectos de una decisión futura que deberá poner término a la discrepancia interpretativa planteada». La postura adoptada por Caja Madrid en relación con una vista pública se justifica por razones de prudencia, ecuanimidad en relación con los intereses en conflicto entre los sectores afectados por la discrepancia interpretativa y la protección de los intereses generales de la entidad, argumenta la caja.
Para Caja Madrid, el conflicto tiene su origen en un distinto entendimiento de las normas legales aprobadas por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, como así lo ponen de manifiesto los escritos presentados por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y el recurso interpuesto por la Unión de Madrid de CC.OO.
A su parecer, se trata de un «conflicto de derecho entre los sectores que tienen que designar representantes en la Asamblea General ya que, de prevalecer una u otra interpretación, el número de consejeros generales que corresponde a cada uno de los sectores variaría notablemente». Según la caja de ahorros, no se trata de un problema entre los demandantes (ayuntamientos de Madrid y Barcelona y Unión de Madrid) y la entidad Caja Madrid.
Caja Madrid considera que, dada la naturaleza del conflicto suscitado, «debe velar por sus intereses generales favoreciendo que los distintos participantes en el proceso electoral tengan la oportunidad de ser oídos en el proceso judicial». Este criterio coincide con el de la comisión electoral, que el 23 de septiembre notificó la impugnación del Ayuntamiento de Madrid a las distintas entidades afectadas con el fin de que las mismas pudieran defender sus intereses.
Caja Madrid recuerda que no se ha opuesto a la solicitud de personación en el juicio de la Comunidad de Madrid, Asamblea Legislativa de Madrid y Cámara de Comercio de Madrid, ya que no se está ante una cuestión que afecta sólo a las corporaciones locales y sección sindical demandantes, como a veces se ha llegado a sostener, sino a todos los sectores con representación en la Asamblea. Así lo prueba el hecho de que hayan solicitado personarse como legítimamente interesados las instituciones antes citadas, insiste la entidad que preside Miguel Blesa.