Las asociaciones de administraciones de loterías han afirmado que con esta medida el Ejecutivo «busca hacer caja» y han subrayado que «a corto plazo supondrá restar un 2 por ciento de los 2.900 millones de euros netos que actualmente percibe el Tesoro por los juegos del Estado».
Los representantes sindicales han explicado que estas reformas suponen la importación de los «ineficaces» modelos de operadores europeos basados en comercializar a través de miles de máquinas, lo que podría «acabar con la mayoría de las 4.000 pequeñas y medianas empresas».
El secretario sectorial del juego de UGT, Miguel Ángel Rodríguez, ha destacado que estas nuevas terminales «no crean empleo y no tienen control sobre el juego», como ocurre en el modelo tradicional que puede evitar que jueguen los ludópatas y los menores de edad.
Además, han demandado la elaboración de una nueva Ley del Juego Público, consensuada por los agentes sociales y los partidos políticos, que «asegure el futuro del sector».
«Es un cambio de modelo donde perdemos todos», ha señalado el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (ANAPAL), Manuel Izquierdo, quien también ha recordado que los juegos del Estado españoles son «líderes en Europa».
El representante del Foro Alea, Fernando García, ha recalcado que consideran «inaudito» que se haya hecho el cambio sin tener en cuenta a los agentes sociales y económicos, y por ello ha afirmado que «se debe abrir un proceso de diálogo inmediatamente».
Ante esta situación, el representante de CCOO, Domingo Alonso, ha asegurado que «nadie renuncia a que pueda haber algún tipo de movilización en el sector».
Derechos adquiridos
Los propietarios de las administraciones de lotería tendrán un plazo de dos años para «adaptarse» a las modificaciones del régimen jurídico de comercialización recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, según el acuerdo alcanzado por PP y CiU y aprobado por unanimidad en el Congreso.
Asimismo, la reforma legal sobre la industria de las loterías y apuestas tendrá en cuenta los «derechos adquiridos» por las administraciones, si bien el texto no especifica si se respetarán las condiciones de las concesiones actuales, como planteaba inicialmente el PP.
Los grupos parlamentarios PP y CiU, más UPyD, integrada en el Grupo Mixto de la Cámara, habían presentado enmiendas al proyecto de ley para modificar las disposiciones adicionales 32 y 34 del texto.
Estos puntos plantean que en el plazo de un año el Gobierno elaborará un real decreto legislativo para transformar los actuales organismos públicos de loterías para que sus «objetivos y actividades» se ajusten a la naturaleza de las agencias estatales.
De esta forma, se establece que las adjudicaciones se atendrán a la nueva ley de Contratos del Sector Público de 2007, quedando «sometidos al Derecho Privado» y a los principios de «publicidad y concurrencia».