Con este pacto, el Gran Ducado dejará también de ser considerado paraíso fiscal en la legislación española, según informó el ministerio de Economía en un comunicado.
El nuevo convenio, que entrará en vigor el 1 de enero del 2010, «supondrá la aceptación de Luxemburgo de la cláusula de intercambio de información efectiva en materia tributaria».
Así, la Agencia Tributaria dispondrá «de toda la información fiscal necesaria para el control adecuado y efectivo de los contribuyentes españoles con rentas y patrimonio en Luxemburgo», dijo el ministerio.
El nuevo convenio se ajusta al modelo de estándares de transparencia e intercambio de información establecido por la OCDE para prevenir el fraude fiscal. Implica «el acceso a la información bancaria y contable, así como la capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción, lo que permitirá continuar con los esfuerzos de lucha contra el fraude fiscal internacional».
El ministerio de Economía recordó que «en España la ley permite la posibilidad de regularización para aquellos contribuyentes que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias en los plazos legales establecidos».
Salgado
En rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de la UE, la vicepresidenta española explicó que la existencia del secreto bancario en el Gran Ducado impedía hasta ahora «identificar a los beneficiarios efectivos» de transacciones financieras y obtener ningún tipo de información.
«A partir de ahora vamos a contar con toda la información precisa», declaró Salgado, quien puntualizó no obstante que el intercambio se producirá con arreglo a las pautas establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El acuerdo no prevé, pues, el intercambio automático, sino bajo requerimiento y en casos específicos.
Precisamente debido a su oposición al intercambio automático, Luxemburgo y Austria volvieron a bloquear este martes, por otro lado, un acuerdo europeo sobre una directiva (ley marco) encaminada a reforzar la cooperación entre los estados de la UE en materia de fiscalidad directa.
Según Salgado los dos siguen manteniendo reservas porque no aceptan el automatismo del intercambio de información fiscal, aunque sí acceden a proporcionar datos bajo requerimiento.
Para España, el acuerdo bilateral firmado con Luxemburgo implica «el acceso a la información bancaria y contable, así como la capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción, lo que permitirá continuar con los esfuerzos de lucha contra el fraude fiscal internacional», según el comunicado.
La nota recuerda finalmente que en España «la ley permite la posibilidad de regularización para aquellos contribuyentes que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias en los plazos legales establecidos».