En su intervención, ha detallado las reformas «estructurales» que propone el PP contra la crisis y que pasan por acometer una reforma fiscal, que no sea «por talonario» (en referencia a los 400 euros), sino que esté dirigida a apoyar la inversión empresarial con la rebaja del impuesto de sucesiones.
Además, ha reclamado la reforma del mercado de trabajo, la Formación Profesional, la cobertura de vacantes o la negociación colectiva, y aunque ha reconocido que sería «mejor» acometerla «con consenso», también ha dicho que la falta del mismo «no puede eximir al Gobierno de cumplir sus responsabilidades».
Otras reformas que se requieren, a su juicio, son las relacionadas con la Justicia, para establecer «normas claras» sobre morosidad o derecho concursual; con el sistema energético, necesitado de «seguridad, eficiencia y sostenibilidad», y con las administraciones públicas en general (central, autonómicas y locales), con el fin de suprimir «lo redundante y lo superfluo».
Rajoy, tras desgranar sus propuestas, ha lamentado que el Gobierno, a pesar de ello, acuse al PP de no presentar su programa y de infundir «pesimismo» entre la población y mantenga «su cerrazón».
En este sentido, ha anunciado que el PP va a recurrir al Tribunal Constitucional para que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados la propuesta de cinco grupos parlamentarios sobre el IVA cuya tramitación, en el marco del debate de los Presupuestos Generales, fue rechazada.
El presidente del PP ha estimado, respecto a la política fiscal del Gobierno, que cuando la demanda interna cae en un país, al ritmo en el que lo está haciendo en España, subir los impuestos es «el peor remedio», porque deriva en menos inversión y menos consumo».
Por ello, si no se realizan en España «mejoras estructurales profundas» y «no se ponen las bases para una urgente mejora de la competitividad general», se corre «el grave riesgo» de entrar en una fase de bajo crecimiento incapaz de crear empleo.
Otro de los peligros, en su opinión, es que las Administraciones Públicas se conviertan en un «pozo sin fondo» de atracción del dinero, bien subiendo los impuestos o recurriendo a empresas financieras para subir el déficit».
Debido a que el sector público acapara en su conjunto una financiación de 92.000 millones de euros, se ha estancado la financiación a empresas y familias, que pueden acabar siendo «expulsadas» del mercado crediticio, ha vaticinado.
Rajoy ha asegurado que las fórmulas alternativas pasan por diseñar un plan global que suponga que no se dan bandazos y, sobre todo, por poner orden en las cuentas públicas para llegar a un «amplio consenso social y territorial que defina cuánto vamos a recaudar los próximos años, cuánto hay que disminuir la deuda y qué reducción anual del déficit se requiere».
Ha hecho mención a la decisión adoptada recientemente por General Motor de no vender finalmente su división europea a Magna, que fue tomada «por trece personas en Detroit» que «ni conocen la factoría ni a sus directivos ni trabajadores» y que, por tanto, «desconocen su angustia ante el provenir por perder sus puestos de trabajo», cuestión en la que radica la diferencia entre las grandes multinacionales y las empresas familiares.