Las empresas pusieron en marcha un complicado mecanismo de reuniones para analizar la evolución de estas operaciones, encuentros que se celebraban en Suiza, fuera de la Unión Europea, para intentar mantener en secreto estas actividades.
Sin embargo, la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, advirtió de que las empresas que pongan en marcha cárteles «no van a poder escapar» a la acción de las autoridades.
Kroes recalcó, en una conferencia de prensa, que los cárteles provocan «un gran daño a la economía europea», que se calcula en varios miles de millones de euros anuales.
Los aditivos para plásticos que fueron el objeto de este cártel se emplean durante la fabricación de multitud de productos de PVC (cloruro de polivinilo), como botellas, cubos, envases alimentarios o tarjetas de crédito, para aumentar la rigidez y la resistencia al calor de esos artículos.
Kroes recalcó que algunas de las multas se han incrementado debido a que varias de las empresas son reincidentes en la integración de cárteles.
El caso comenzó en el 2002, cuando la compañía estadounidense Chemtura notificó a la CE la existencia del cártel a fin de acogerse a la posibilidad de la inmunidad que ofrece el Ejecutivo comunitario para quien le comunique ese tipo de actividades.
A partir de esta denuncia, en el 2003 se realizaron inspecciones por sorpresa en las sedes de las empresas.
Kroes insistió en que, por mucho que las empresas se esfuercen en esconder sus acciones, «quienes forman un cártel para desplumar a los clientes europeos no se pueden escapar al castigo».