Esta última posibilidad existe debido a la modalidad escogida por el Consistorio de la capital de desistir de su derecho, puesto que si hubiese optado por la retirada, el proceso judicial decaería por completo, indicaron fuentes jurídicas.
La decisión judicial se produciría, por tanto, tres semanas después de declarada la paz en el PP para que Rodrigo Rato sea presidente de Caja Madrid y en pleno proceso de negociaciones multilaterales. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional está manteniendo desde el día siguiente de cerrada la crisis contactos con todas las partes implicadas y a todos los niveles, utilizando sobre todo a uno de sus hombres de confianza, actualmente en el consejo de administración de la entidad, José Manuel Fernández Norniella.
Por su parte, tras el fiasco de su candidatura y pese a que fue el artífice del acuerdo con IU, CCOO-COMFIA, PSOE, UGT y CCOO del pasado verano, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, se ha apartado totalmente de las negociaciones. En su lugar, ha tomado las riendas el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, junto con el consejero de Economía, Antonio Beteta.
Una vez eliminado el escollo de Barcelona, los únicos que mantienen su recurso son Comisiones Obreras de Madrid que, actualmente, negocia a marchas forzadas su posición en la entidad, que debe ser compatible con la de su sección de banca, Comfia.
Pese a las dificultades, el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Javier López, previó el pasado viernes un «acuerdo general» en Caja Madrid para la próxima semana, una vez iniciados los contactos con el futuro presidente de la entidad, aunque en ningún momento ha apuntado una retirada de su recurso.
Eso sí, reclamó mantener los representantes que tenía Comisiones Obreras en los órganos de dirección hasta que se aprobó la «modificación artificial de la ley de cajas que permite a la Consejería de Economía designar a dedo a los representantes de las entidades de la Comunidad».
La jueza podría por tanto mantener vivo el proceso judicial a través de la reclamación de Comisiones Obreras, pero pocos creen que mantendrá suspendido el proceso electoral porque el recurso del sindicato se basa en el daño que ha generado en su candidatura por impositores (clientes) el reparto actual de los 64 consejeros de la Casa Real, que excluye a los ayuntamientos y a los impositores, pero que no serán renovados hasta el 2012.
Por tanto, la medida cautelar no tendría fundamento, puesto que el calendario de reparto no requiere premura. Actualmente, sólo 195 consejeros serán renovados, que sumarán 343 en total en la nueva asamblea general (80 corporación municipales, 53 Asamblea de Madrid, 62 Entidades Representativas).
En el caso de que se levante la suspensión esta semana, fuentes de la Comunidad de Madrid señalaron que prevén culminar el proceso antes de finales de año; y en caso contrario, a primeros del 2010.
Llegado al caso, y en aras de lograr un acuerdo global que ponga fin a las discrepancias y devuelva la estabilidad a la caja, la Comunidad de Madrid podría optar por modificar de nuevo la Ley de cajas autonómica para incrementar el número de miembros del consejo de administración. La nueva norma ya elevó a 22 los puestos de este órgano durante un periodo de 3 años, dos miembros más que hasta ahora.
Para ello, podría utilizar, vía enmiendas, la Ley de Acompañamiento que se aprobará en diciembre, en la que ya ha introducido una reforma de la norma para permitir con autorización las futuras alianzas que cerrase Caja Madrid. Otra opción sería un nuevo acuerdo de la comisión electoral que anulase el reparto acordado de los consejeros cedidos por la Casa Real y que se realizase otra distribución proporcional entre todos los sectores.
Actualmente, se están produciendo negociaciones a diversos niveles para intentar encontrar una difícil ecuación que permita acomodar en la sala del consejo de administración a los representantes de la administración autonómica, los ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y empresarios. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora deben elegirse 12 cargos, pues 10 no se renuevan por pertenecer a los sectores de impositores y empleados.
Cada una de las organizaciones tiene que cerrar una lista con los nombres de sus representantes, lo que implica el visto bueno de Génova y Ferraz a las propuestas de PP y PSOE de Madrid, pero también de las centrales sindicales dirigidas por Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo. A su vez, éstas tienen que ser aceptadas por el propio Rato, que se ha implicado personalmente muy a fondo para obtener el equipo que considera adecuado.
Además, se abre otro problema referido a la regla de que los miembros de Caja Madrid no pueden repetir en el cargo superados los 12 años, lo que afecta al actual presidente, Miguel Blesa, pero también al vicepresidente de IU José Antonio Moral Santín, y a los miembros del consejo Mercedes de la Merced (PP) y Ricardo Romero de Tejada (PSOE).