En declaraciones a Europa Press, el presidente de la APM en Galicia, Antonio Piña, comentó que actualmente no se puede extraditar a los corsarios a su país de origen porque no hay un tratado que ofrezca «garantías de que cumplirán la condena».
Además, dijo que es «difícil» que sean trasladados en la actualidad a otro país africano como Kenia porque «no hay un texto legal» que lo permita por ser ciudadanos somalíes. «Hay que elaborar un tratado internacional u otro documento», según reiteró.
«Los jueces quieren resolver el problema, pero tienen que tener una vía legal», sostuvo Piña, al tiempo que dijo que debe ser el Gobierno central el que «facilite el camino legal» para que puedan ser juzgados en España y cumplir fuera del país la condena que se les imponga.
«Prudencia en todo momento»
En esta línea, el coordinador en Galicia de Jueces Para la Democracia, Luis Villares, incidió, en declaraciones a Europa Press, en que «lo más importante es la vida de los secuestrados» y trasladó su solidaridad con las familias de los tripulantes del atunero.
Villares sostuvo que la política exterior del Gobierno español «es la que puede solucionar» la situación del pesquero, por lo que apeló a la «prudencia en todo momento».
Insistió, asimismo, en que la Justicia «actúa correctamente», pero recalcó que con la firma de un tratado internacional «los plazos serían más cortos». Con todo, dijo que «en un tiempo razonable» la instrucción estará finalizada y se podrá llevar a cabo el enjuiciamiento de los piratas que se encuentran en España.