El director gerente de Unión Minera del Norte, Uminsa, y vocal en Carbunión, Gerardo Biaín, afirmó que las propuestas de la CNE han sido formuladas por alguien que «no tiene ni idea de lo que es el carbón» y denunció que alguno de los planteamientos del regulador «coincide milimétricamente con los de Gas Natural, que tiene unos intereses muy concretos».
Para Biaín es «sorprendente» que la CNE abogue por limitar la producción de carbón nacional a las minas subterráneas porque paralizar la actividad en las explotaciones a cielo abierto dejaría sin empleo a unos 2.000 trabajadores.
Además, las explotaciones a cielo abierto han firmado contratos de suministro con las compañías eléctricas y han adquirido maquinaria muy costosa a cuyo pago tienen que hacer frente, subrayó.
Biaín consideró que el organismo regulador debería tener un mayor conocimiento del sector y procurar «pensar más en las consecuencias de sus propuestas».
Desde Carbunión se acusa a las compañías eléctricas de orquestar una campaña para «demonizar» al carbón, con «mentiras» acerca de las ayudas públicas que recibe y su impacto sobre el recibo de la luz.
El presidente de la patronal subrayó que las ayudas al carbón nacional «no tiene ningún efecto sobre los consumidores», puesto que este combustible sólo representa entre el 6 y el 7% de la producción eléctrica del país.
En cambio, recordó Alonso, sí podría tener impacto sobre el precio de la luz las posibles prácticas anticompetitivas investigadas por la Comisión Nacional de la Competencia en el sector eléctrico.
Alonso también criticó a las eléctricas por incumplir los contratos de compra de carbón autóctono, cuando las minerías siempre han respetado los precios pactados independientemente de las fluctuaciones registradas del mercado internacional.
El borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Industria tiene el objetivo de incentivar el uso de carbón autóctono en un contexto de caída de la demanda eléctrica, que ha provocado que este combustible deje de utilizarse por su menor competitividad ante otras tecnologías de generación.
La norma establece un mecanismo de restricciones que da entrada preferente a la red a las centrales que utilizan carbón autóctono, de manera que el resto tendría que disminuir su producción.
Esta reducción afectaría primero a las más contaminantes, las de carbón y fuel importado, y después a las de gas natural, si bien las plantas que tuvieran que ceder espacio en el mercado a las de carbón autóctono recibirían una compensación mediante la generación de derechos de cobro.
La CNE aprobó ayer un informe en el que propone una serie de mejoras al borrador del decreto, «interesadas», según Carbunión, e incluso plantea dos alternativas totalmente distintas.
La primera propuesta pasaría por otorgar una prima a las centrales que consumen carbón nacional para que resulten competitivas respecto a las que utilizan otros combustibles, es decir, un sistema similar a los incentivos que abonan al régimen especial (energías renovables y cogeneración).
La segunda alternativa al borrador de Industria consiste en instrumentar un sistema retributivo complementario al precio del mercado, a través de los pagos de garantía de potencia.