La CNE considera que, de no tenerse en cuenta el decreto del carbón, la tarifa debería subir un 13,5%, casi cuatro puntos y medio menos que con la futura norma.
Este decreto reserva un precio fijo para la quema de carbón nacional e inscribe las centrales térmicas que lo hagan en un régimen de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Pese a la presión que en 2010 ejercerá el decreto sobre las tarifas, el organismo presidido por María Teresa Costa calcula que en 2011 y en 2012 la norma contribuirá a moderar ligeramente la subida de las mismas.
En 2011, las tarifas deberían subir un 11,3% sin decreto, y un 11,1% con él, mientras que en el 2012 la subida debería ser del 10,3% sin decreto, o del 10,1% con él.
La tarifa de acceso es un componente de la tarifa integral que se revisa de forma anual y que tiene en cuenta el importe del transporte, la distribución, el mantenimiento y otras partidas reguladas.
Derecho de cobro
Con el decreto, las centrales de carbón autóctono podrían obtener un derecho de cobro máximo en 2010 de 1.551 millones de euros, mientras que en 2011 y 2012 esta cantidad aumentaría a un ritmo anual del 2%, según la CNE.
Por centrales, la de Compostilla, de Endesa, recibirá la mayor retribución, de 448 millones.
Mientras, las centrales que resulten desplazadas por el mayor uso de las térmicas tendrán derecho a un cobro por la reducción de su programa que, a un precio de 40 euros por megavatio hora (MWh) y sobre la base de los 27 teravatios hora (TWh) que se reserva al carbón nacional, rondaría los 1.000 millones de euros.
En su informe, el regulador cree que el decreto podría afectar a la formación de precios en el mercado eléctrico diario y aboga por reducir las cantidades asignadas a las centrales térmicas que queman carbón nacional, entre otros aspectos.
Además, ofrece como alternativa solucionar el problema del carbón nacional concediendo una prima similar a las renovables para las térmicas que lo consuman.
Estas primas podrían ser legalmente de hasta 10 euros por MWh si su aplicación se acoge a la directiva que admite incentivos para tecnologías destinadas a la mejora de la seguridad de suministro.
Discrepancias en el informe
El informe de la CNE fue aprobado con el voto en contra del consejero Luis Albentosa, que en un voto particular aseguró que la solución al carbón nacional es «una restricción ficticia y ajena al sector eléctrico».
En su alegación, Albentosa adviertió de que el decreto tendrá consecuencias «no evidentes» pero «perjudiciales».
Entre ellas, figuran una mayor rigidez en el conjunto de la generación eléctrica que perjudicará a las renovables, así como la posibilidad de que utilicen incentivos no competitivos por parte de las empresas.