Entre esas últimas están consideradas las mentiras, la entrega de documentos falsos o inexactos, el intento de disimular fondos o no comunicar ciertos ingresos.
El acuerdo está dirigido en parte a los clientes del banco suizo domiciliados en Estados Unidos y que, entre 2001 y 2008, eran titulares directos o detentaban los derechos económicos de cuentas sin declarar.
Asimismo, involucra a ciudadanos norteamericanos que se encontraban detrás de la fachada de una sociedad establecida en algún paraíso fiscal.
De las 4.450 cuentas que han sido objeto de una solicitud de cooperación administrativa por parte de EEUU, 250 pertenecen a clientes que mintieron o comunicaron documentos faltos o inexactos, y que tenían al menos 245.000 dólares.
El resto de cuentas entran en la categoría de comportamientos delictivos «graves y duraderos» por parte de los clientes con fondos no declarados de, al menos, un millón de francos (unos 980.000 dólares).
Este acuerdo fue el resultado de negociaciones entre Berna y Washington, que permitieron una serie de concesiones por parte de Suiza en relación al secreto bancario.
La Justicia de EEUU había amenazado a UBS con retirarle su licencia de funcionamiento en ese país y continuar con el proceso judicial, de modo que el banco tuvo que acceder -con el acuerdo previo del Gobierno helvético-, a entregar datos de las 4.450 cuentas sospechosas que le eran reclamadas, además de pagar una multa de 780 millones de dólares.
Esa situación coincidió, a mediados de año, con una campaña internacional contra los paraísos fiscales, liderada por Alemania y Francia, lo que también contribuyó a que Suiza flexibilizara su principio del secreto bancario, que ha sido tradicionalmente uno de los atractivos esenciales de esta plaza financiera.