Socialistas y populares han acordado los objetivos que el Gobierno debe perseguir durante el mandato europeo en un amplio número de asuntos, como la lucha contra la crisis, el cambio climático, la energía, la acción contra la piratería en aguas del Índico o el futuro de la UE.
El PP ha accedido a dejar aparte el asunto de Cuba, ante las discrepancias que mantiene con el plan del Gobierno de modificar la llamada posición común, que establece desde 1996 las reglas de la relación de la UE con el régimen castrista, supeditada al avance hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos.
La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, y su homólogo del PP, Jorge Moragas, han ultimado en las últimas horas los detalles del pacto después de casi dos meses de negociaciones, según las fuentes.
PSOE y PP han trasladado el acuerdo a una proposición no de ley a la que han invitado a sumarse a CiU y PNV, que están estudiado el texto para tratar de incorporar alguna de sus demandas, como un mayor reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas o impulsar las infraestructuras transpirenaicas que hay en proyecto.
La intención es que esta proposición no de ley se vote la próxima semana en el Pleno del Congreso, dos semanas antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dé a conocer el programa definitivo de la presidencia española.
Las delegaciones de ambos partidos han evitado que el acuerdo se viera perjudicado por el caso del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, imputado por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos.
A pesar de que el PP ha considerado que López Garrido se tendría que plantear dejar el cargo si no se esclarecen las sospechas sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Alternativas, cercana al PP, los populares no han querido entorpecer el pacto cuando las negociaciones estaban ya ultimadas.