En cuanto a las penas, el apoderado y subdirector general Francisco Javier de la Sierra Flor mantiene también su seis años y medio de prisión por apropiación indebida, mientras que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna ve confirmada su condena a 3 años y 6 meses de cárcel por su complicidad.
En cambio, han resultado absueltos el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, el propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, y los dos empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.
El Supremo entiende que el director y subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) operaron «desde afuera» cuando firmaron en 1999 unos certificados sobre los supuestos fondos recibidos de Gescartera, una conducta que según los magistrados no fue una «contribución consciente al plan de Camacho, que desconocían».
Su absolución ha conllevado la anulación de la responsabilidad de La Caixa. La compensación a los inversores, que será parcial, correrá a cargo de Caja Madrid, ya que el Supremo ha establecido que responderá sólo por lo que los responsables de Gescartera distrajeron «ilegítimamente» de sus cuentas durante el tiempo en que operó como depositaria de la agencia, es decir, desde noviembre de 1999.
La Audiencia Nacional había condenado a Caja Madrid y a La Caixa a sufragar conjuntamente los 87,99 millones de euros que consideraba que se adeudaban a los 655 clientes de los que se tenía constancia fehaciente que habían invertido en Gescartera.
No obstante, esos clientes deberán esperar años para la ejecución de la sentencia del Supremo, ya que la Audiencia Nacional debe encargar ahora informes periciales que acrediten qué cantidades se sacaron indebidamente de Caja Madrid y cuáles son los intereses desde 2001.
Inicialmente, fuentes jurídicas consultadas por EFE señalaron que se podría limitar las cantidades distraídas a 26,37 millones de euros, la cuantía que el Fiscal Anticorrupción reclamó a La Caixa, a quien Caja Madrid notificaba las variaciones de fondos relacionadas con las cuentas de los clientes de Gescartera.
Vulneración de la legislación
En cualquier caso, el Supremo mantiene que la caja madrileña vulneró la legislación vigente sobre apertura de cuentas y gestión individualizada de las carteras, lo que «favoreció objetivamente la estrategia delictiva de los responsables» de la agencia de valores.
El Alto Tribunal también muestra su extrañeza por que la Audiencia Nacional no investigara las causas por las que la CNMV no intervino antes Gescartera, con quien tenía discrepancias desde 1993 y contra quien en 1998 inició su cuarta inspección.
A su juicio, la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda) contribuyó «a tratar de desactivar las iniciativas inspectoras de la CNMV, poniendo en juego sus influencias familiares, con indudable eficacia».
«Este dato, como otros -de difícil comprensión y, sorprendentemente, sin consecuencias- relativos a las actuaciones de la CNMV que salpican la sentencia, habrían merecido ser investigados», añade la sentencia.
El Supremo arremete contra los máximos responsables de Gescartera pero especialmente contra su presidenta al afirmar que los apuntes de su dietario demuestran «de manera incontestable» no tuvo un papel «decorativo» y que «conocía (no menos que su hermano), desde dentro y con evidente implicación, las circunstancias de Gescartera».