En su intervención, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha defendido que «el Gobierno está haciendo sus deberes» y ha adelantado que si llegan a «buen puerto» las negociaciones con la Asociación Española Bancaria y la CECA, las entidades financieras podrán adelantar a los ayuntamientos un 15%, posteriormente reintegrado por el Fondo, lo que evitará problemas de liquidez a las entidades locales.
Chaves también ha subrayado la «agilidad y transparencia» que supone la tramitación del Fondo por vía electrónica y ha explicado que el carácter de urgencia que ampara la norma permitirá dar continuidad a las medidas generadoras de empleo e incentivación económica.
Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Merino, ha considerado que si los 13.000 millones de los dos fondos se hubieran dado directamente a los ayuntamientos para pagar a los proveedores se hubiera creado más empleo y no habrían desaparecido «miles» de pymes y de autónomos.
Además, Merino ha precisado que el Fondo es contrario a la autonomía municipal porque los ayuntamientos no pueden decidir las obras ni el destino del presupuesto, tampoco creará empleo ni paliará el 30% de los gastos impropios de los ayuntamientos.
En el transcurso del debate, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha revelado que el Gobierno de la Generalitat está preparando un recurso de inconstitucionalidad al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Ridao ha dicho que el nuevo Fondo «padece los mismos tics que el primero, empezando porque se ignora el reparto competencial», y ha recordado que las comunidades autónomas tienen competencia en cooperación local.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha justificado su voto contrario en que el Fondo «no pretende responder a los problemas de los ayuntamientos sino a generar empleo sostenible».
Aunque CiU ha votado a favor de la convalidación, el diputado Jordi Jané ha señalado que el decreto es una solución «claramente coyuntural, un parche que no solventa de raíz el problema financiero de los municipios».
En el mismo sentido se ha mostrado el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, quien ha apoyado la convalidación del decreto porque «algo tenemos que hacer», pero ha echado en falta «elementos» que potencien la investigación o la formación profesional.
También ha puntualizado diferencias con el Fondo, a pesar de su voto favorable, Coalición Canaria, y el diputado José Luis Perestelo ha señalado no compartir, en su totalidad, los criterios del Fondo y ha pedido la incorporación al plan de los cabildos.
Aunque Nafarroa Bai ha apoyado la convalidación como Decreto, su portavoz Uxue Barkos ha criticado que el nuevo Fondo herede elementos negativos del anterior, como la publicitación de las obras.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha expresado las dudas de su grupo en la «eficacia de las políticas de inversión canalizadas por los ayuntamientos». Jorquera ha defendido la abstención por el hecho de que «la manera en que está articulado el Fondo puede atentar contra la ordenación racional de servicios en los que las comunidades tienen competencias».
También se abstuvo IU y su diputado Gaspar Llamazares ha considerado el Fondo «necesario y urgente» pero ha puntualizado que su monto «es insuficiente y su criterio parcial».
También se ha puesto a votación, a petición del PP, la tramitación del Real Decreto Ley como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, que fue rechazada por 178 votos, mientras que 163 diputados votaron a favor y uno se abstuvo.