La decisión ha sido acordada por la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal a instancias de la Fiscalía, que el pasado 27 de octubre solicitó esta medida cautelar para Otegi por el sumario de Batasuna (el 35/02), por el que se encuentra pendiente de ser juzgado y por el que está en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con la obligación de comparecer quincenalmente y la prohibición de abandonar el país.
Esta solicitud del fiscal se produjo después de conocer el auto del juez Baltasar Garzón en el que, el pasado 16 de octubre, enviaba a la cárcel a Otegi y a otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale por intentar reconstruir la dirección de Batasuna, mediante un nuevo referente político denominado «Bateragune».
Según describía el juez, Otegi se habría desplazado a Francia «al menos en dos ocasiones» para mantener contactos con miembros de ETA, por lo que habría vulnerado la prohibición para salir de España.
«Elevado» riesgo de fuga
En este sentido, el fiscal ha aportado un oficio policial en el que se detalla que los pasados 30 de abril y 21 de julio, Otegi viajó hasta Ezpelette (Francia), «siguiendo extremas medidas de seguridad», y añade que en el primer viaje se reunió con el ex dirigente de ETA Jokin Etxebarria, mientras que en el otro se le vio acompañado de otros dos de los que luego detuvieron junto a él.
Para el tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López, concurre un «elevado» riesgo de fuga «habida cuenta la concurrencia de varios quebrantamientos de las medidas acordadas», además de considerar el «objetivo riesgo de reiteración delictiva», ya que los hechos por los que ha sido detenido recientemente son «similares» a los imputados en el 35/02.
Estos son -subraya el auto- que el entorno de Batasuna y sus sucesoras sigan estando presentes en la sociedad española, «sirviendo de instrumento privilegiado a ETA para el mantenimiento de su actividad delictiva».
41 procesados
La sala destaca, no obstante, que Otegi ha comparecido «hasta ahora» siempre que ha sido llamado por la Justicia, si bien entiende que en estos momentos «la solución a los hechos imputados, sólo pasa por su enjuiciamiento al margen del resultado que depare el juicio oral».
«Esto puede tener incidencia en el ánimo del procesado, el cual, ante la fuerte penalidad que se puede exigir, hace presumir a la sala un notable aumento del riesgo de fuga», concluye.
Garzón, que abrió este procedimiento en el 2002 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA y que derivó en la ilegalización de la formación, lo concluyó el 1 de abril del 2008 y en él están procesadas 41 personas, a la espera de la celebración del juicio, en el que los acusados se enfrentarán a penas que pueden oscilar entre diez y catorce años de cárcel por integración en ETA.